Delitos contra la libertad individual cometidos por Jueces y Magistrados por imprudencia

La protección de la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos constituye un deber que rige el desempeño de las funciones de Jueces y Magistrados. Dado que el ejercicio de sus labores profesionales implica tomar decisiones sobre la limitación de tales derechos, el deber de cuidado de Jueces y Magistrados es especialmente intenso, por cuanto su infracción hace peligrar la vigencia de auténticos derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos a la Administración de Justicia.

Cuando la vulneración de tales derechos se produce por la imprudencia de tales sujetos, se discute si debe considerarse en todos los casos que la imprudencia reúne carácter grave.

En el supuesto que se analizará a continuación se plantea la referida discusión.

 

1.    Supuesto de hecho

La Sentencia del Tribunal Supremo nº860/2009, de 16 de julio de 2009, revisó en casación la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que condenó a la Magistrada titular del Juzgado de lo penal único de la localidad de Motril (Granada) a la pena de un año de suspensión de empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones judiciales por un delito contra la libertad individual por imprudencia grave cometido por autoridad o funcionario público  ex art. 532 del Código Penal.

El Juzgado de lo penal único de Motril recibió para su enjuiciamiento la causa instruida por el Juzgado de Instrucción nº3 de dicha localidad, relativa a la comisión de un delito de robo con violencia.

El presunto autor del delito, respecto del que el Ministerio Fiscal solicitaba se le impusiera pena de cuatro años de prisión, había sido puesto en libertad provisional por el órgano instructor. No obstante, una vez citado personalmente el acusado para la celebración del juicio oral, que había sido suspendido por diversas causas en reiteradas ocasiones, aquél no compareció a la vista, por lo que siendo la pena solicitada por las acusaciones superior a 2 años (volvió a ser imposible la celebración de la vista oral.

En esta última ocasión la Magistrada titular del Juzgado se encontraba de licencia por enfermedad. Ante la incomparecencia del acusado, el Juez que la sustituyó dictó Auto acordando la busca y captura del acusado y su ingreso en prisión, expidiéndose las correspondientes requisitorias y oficiando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El acusado fue detenido en fecha 15 de noviembre de 2005 y puesto a disposición del Juzgado de lo Penal único de Motril. La celebración de la comparecencia prevista en el artículo 504 finalizó con el dictado de Auto que acordaba la prisión provisional del acusado, señalándose, a su vez, juicio oral mediante Providencia. La situación de prisión provisional del acusado, sin embargo, no fue anotada en registro alguno, aunque sí figuraba en el sistema informático del Juzgado.

El Juicio Oral se celebró poco más de un mes después del ingreso en prisión del acusado, en fecha 23 de diciembre de 2005, presidiendo el Juzgado la Magistrada titular de dicho órgano, a quien nadie dio cuenta de la situación de prisión provisional en la que se encontraba el acusado.

Sin embargo, la penada sí tuvo a su disposición la causa completa, con la correspondiente pieza de situación personal (que incluía el Auto acordando la prisión provisional del acusado).

Finalmente, la Magistrada dictó Sentencia absolutoria el 10 de enero de 2006. En dicha resolución se indicaba que el acusado se encontraba, con anterioridad al dictado de la Sentencia, en libertad provisional. Nada se indicó, pues, para que se procediera a la inmediata puesta en libertad del sujeto absuelto. Tampoco se procedió de tal modo con el dictado de Auto un mes posterior por el que se declaraba la firmeza y archivo definitivo de las actuaciones.

En fecha 22 de marzo de 2007, esto es, más de un año después de la Sentencia absolutoria dictada, el Centro Penitenciario en el que se encontraba privado de libertad el sujeto absuelto, puso en conocimiento del Juzgado tal circunstancia, siendo el Juez Sustituto (a causa, de nuevo, de la enfermedad de la Magistrada titular del órgano judicial) quien dictó Auto acordando su libertad, después de 455 días de indebida privación de libertad.

 

2.    Tesis del Tribunal

La penada interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por el TSJ de Andalucía, siendo de interés el quinto motivo de dicho recurso, que invocaba infracción, por aplicación indebida, del artículo 532 del Código Penal, por cuanto la conducta de la penada habría sido imprudente, pero no reuniría carácter grave, con lo que se trataría de una conducta atípica.

Para sostener su alegación, la recurrente adujo que la indebida prolongación de la privación de libertad del sujeto absuelto se debió, en gran medida, a su propia falta de diligencia, así como a la de su letrado, debiendo haberse calificado la imprudencia de la Ilma. Magistrada como simple.

El Tribunal Supremo, al contrario, expone que la Ilma. Magistrada “incurrió en un serio olvido de las más elementales normas de previsión y cuidado”por cuanto “existían plurales datos que le exigían una mínima labor de indagación sobre la situación personal del acusado, entre ellos el que el Sr. Alberto, el día del juicio, fuese trasladado desde el Centro Penitenciario, por así haberlo acordado el Juzgado de que era titular la acusada, y compareciese esposado y custodiado por la Guardia Civil, y a pesar de ello prescindió de examinar la pieza de situación, puesta a su disposición, en la que constaba la situación de prisión.”.

Las razones para la determinación de la imprudencia que rigió la conducta de la penada fueron, además, analizadas por el Tribunal en respuesta a otros motivos de recurso (rechazando expresamente que no se hubieran reunido indicios suficientes que permitieran descartar la concurrencia de un error de tipo invencible), exponiéndose que, tal y como razonó el Tribunal de instancia, “la existencia de un deber de cuidado no sólo es patente sino que éste es del más alto nivel por cuanto encuentra su encaje en el código deontológico profesional de la acusada, a la vez que deriva del ejercicio de una función pública y constitucional como es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” y que, además, “el bien jurídico que efectivamente resultó damnificado, la libertad, tiene atribuido un papel esencial en la configuración del Estado de Derecho, por cuanto constituye un valor superior, un derecho personalísimo y fundamental, y la premisa del ejercicio del resto de derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes.”.

Se asienta la consideración de la gravedad de la imprudencia, por tanto, en la relevancia que posee la función judicial para la tutela de un valor superior de los que rige nuestro Ordenamiento que se erige, además, en derecho fundamental, ex art. 17 CE. La decisión del TS gravita pues, sobre la consideración a la especial posición en la que se encuentra quien puede disponer la privación de libertad de otro en ejercicio de su labor profesional, facultad que exige extremar la diligencia.

 

La pregunta que se nos plantea, pues, es la de si la determinación del bien jurídico protegido por el tipo y las consecuencias que tiene su lesión para la vigencia de un derecho fundamental como es la libertad llevan, necesariamente, a considerar que toda conducta imprudente de autoridad o funcionario público que conlleve la privación de libertad de un sujeto sometido a un proceso penal con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales reúne carácter grave.

 

3.    Análisis

Al volver la penada al ejercicio de su cargo nada le pudo alertar de que el acusado se encontraba en prisión provisional, por cuanto el Juez sustituto olvidó anotarlo en el registro, comunicárselo a la Ilma. Magistrada titular del Juzgado o destacarlo en el legajo que contiene la causa física completa. Siendo así, lo cierto es que cabe plantearse la concurrencia de un error de tipo, aunque parece que éste únicamente puede ser considerado vencible, por cuanto de haberse observado el cuidado debido habría podido ser evitado[1], pese a los intentos de la recurrente por poner de manifiesto la merma que la penada había sufrido en sus capacidades intelectivas[2]. No obstante, debe tenerse en cuenta que, tal y como expone la Sala, el acusado fue trasladado hasta el Juzgado para la vista de Juicio Oral desde el Centro Penitenciario y esposado, con lo que podría, incluso, haberse determinado por el Tribunal a quola concurrencia de dolo eventual[3]

Si la configuración del deber de cuidado exigible en los supuestos subsumibles en el artículo 532 CP atiende a cuál es el bien jurídico protegido por el tipo y a la intensidad del riesgo que entraña para aquél, podría llegar a considerarse que en estos casos nunca podrá apreciarse la concurrencia de una imprudencia menos grave, por cuanto la posición en la que se encuentra el sujeto activo de este delito especial respecto del derecho fundamental que puede lesionar implica que la desatención de su deber de cuidado permita calificar su conducta (cuando esta sea relevante a efectos jurídico-penales) siempre como gravemente imprudente.

En este sentido se pronuncia JIMÉNEZ VILLAREJO[4]cuando expone que “se advierte lo difícil que será no calificar de grave la imprudencia que lleve a cometer uno de los delitos previstos en los arts. 530 y 531”por cuanto “la norma de cuidado […] es particularmente exigente, por lo que cualquier infracción de dicha norma reviste una indiscutible gravedad.”, reduciéndose, por lo tanto, el ámbito de riesgo permitido[5]tanto por el valor de los bienes jurídicos afectados, como por la alta probabilidad de que una infracción de la norma de cuidado determine una grave lesión para los mismos”.

La distinción que realiza el Tribunal Supremo entre la imprudencia temeraria y la simple avala la referida conclusión. La STS nº665/2004, de 30 de junio, expuso que “la gravedad de la imprudencia está directamente en relación con la jerarquía de los bienes jurídicos que se ponen en peligro y con la posibilidad concreta de la producción del resultado lesivo”.

Prosigue el Alto Tribunal afirmando que “cuando la acción del autor genera un peligro para un bien jurídico importante en condiciones en las que la posibilidad de la producción del resultado son considerables, la imprudencia debe ser calificada de grave. En estos casos, la diferencia que caracteriza a la imprudencia grave respecto del dolo eventual reside en la falta de conocimiento del peligro que concretamente se genera por parte del autor”.

La jurisprudencia referida confirma la corrección de la decisión del Tribunal Supremo en el supuesto objeto de análisis. Si los criterios con los que debe medirse la gravedad de la imprudencia son completamente normativos y guardan relación con la importancia del bien jurídico y con la intensidad de su puesta en peligro, no cabe estimar menos grave o leve la imprudencia de la Ilma. Magistrada, que omitió obtener conocimiento sobre el desarrollo de la causa que estaba enjuiciando durante su ausencia por enfermedad, momento en que el acusado fue ingresado en prisión provisional, por cuanto la infracción del deber de cuidado por parte de un juez o magistrado en la tramitación o enjuiciamiento de una causa pone en serio peligro la libertad del sujeto pasivo del proceso, bien jurídico que constituye un derecho fundamental[6].

En virtud de lo expuesto, puede concluirse que el tipo del 532 CP será de aplicación en todos los supuestos en que un Juez o Magistrado, actuando de forma imprudente, prive de libertad indebidamente a quien se encuentra sometido a un procedimiento penal, por cuanto ostenta en exclusiva la facultad de acordarla o denegarla, por lo que el riesgo que puede generar su imprudencia respecto del derecho a la libertad es siempre grave.

No puede tampoco evitarse tal consecuencia acudiendo a los principios de ultima ratioy subsidiariedad del Derecho penal, por cuanto las infracciones previstas en los artículos 417 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial no contienen un desvalor suficiente como para que podamos encontrarnos supuestos en los que la infracción disciplinaria limite con la infracción penal. De nuevo, debe recordarse que es un derecho fundamental el que se lesiona con la conducta imprudente, con lo que la intervención del derecho penal está más que justificada.

Por último, y asumiendo que dicha cuestión no se encontraba en manos del Tribunal Supremo[7], resulta destacable la levedad de la pena que prevé el artículo 532 CP, esto es, la suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años, que no implica la pérdida de la plaza obtenida. La levedad del castigo previsto contrasta con la gravedad de la pena que prevé el artículo 467.2 en su segundo inciso para el supuesto en que un abogado o procurador que “perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueran encomendados […] si los hechos fueran realizados por imprudencia grave”, esto es, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión de seis meses a dos años.

 

4.    Conclusión

El tipo del 532 CP, pese a contemplar únicamente una modalidad de imprudencia, esto es, la grave o temeraria, atraerá hacia sí todos los supuestos en que, por infracción del deber de cuidado exigible a Jueces y Magistrados, supongan la indebida privación de libertad de un sujeto sometido a un procedimiento penal.

El carácter de derecho fundamental del bien jurídico protegido por el referido tipo delictivo implica que el deber de cuidado se intensifique, por lo que su infracción torna temeraria la conducta del sujeto activo, que se encuentra, además, en posición de garante respecto del titular del derecho a la libertad.

De lege ferenda, se antoja necesario o bien una agravación de la pena prevista en el 532 CP o bien una atenuación de la que contempla el artículo 467.2 CP, por cuanto la desproporción entre ambos es evidente.

 

 

 

[1]La vencibilidad del error se determina con arreglo a criterios normativos y no puramente psicológicos. A este respecto, la STS nº1145/2006, de 23 de noviembre, expone que “un criterio racional y seguro en la delimitación de la vencibilidad es el de la existencia de un comportamiento alternativo, de manera que habrá de indagarse si el sujeto activo pudo actuar de modo alternativo a la situación de hecho sobre la que actúa, para lo que será, también, determinante comprobar las circunstancias concurrentes, como la específica preparación y profesionalidad del sujeto y lo que le es exigible en el marco de su actuación. En el mismo sentido habrá de ponderarse si al sujeto le era imposible llevar a cabo una comprobación mas eficiente de la situación fáctica concurrente en función del temor que le pudiera producir la representación de su errónea creencia.”.

[2]Si bien la Sentencia rechaza de plano la concurrencia de una eximente incompleta al no existir datos en el relato de hechos probados que permita sostenerla, es destacable su alegación a los efectos de analizar la incidencia que pudiera tener en otros supuestos en que se valore aplicar el 532 CP. SILVA SÁNCHEZ en Silva Sánchez, Jesús-María. (2003). Normas y acciones en Derecho penal. Hammurabi. P.103 y ss., expone que la concurrencia de causas que disminuyen o eliminan la culpabilidad pueden implicar que el sujeto activo incurrió en un error de tipo vencible o invencible. Sobre esta cuestión, que tiene importantes consecuencias como la posibilidad de que se imponga una medida de seguridad o la delimitación entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, véase, asimismo, Ragués i Vallès, Ramón. (1999) El dolo y su prueba en el proceso penal. Bosch. P. 392 y ss.

[3]En virtud de la vigencia del principio procesal non reformatio in peiusle estaba vedado al Tribunal Supremo dictar segunda sentencia por la que condenara por la conducta dolosa prevista en el artículo 530 CP.

[4]Jiménez Villarejo, José. (2007) Comentarios al Código Penal. Bosch. Págs. 3473-3476.

[5]Asimismo, CORCOY BIDASOLO en Corcoy Bidasolo, Mirentxu. (2008) El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado. BdeF. P.191, expone que “la gravedad del peligro aumenta según la mayor o menor importancia de los bienes jurídicos amenazados, en el sentido de que una pequeña probabilidad de lesión de un bien jurídico básico constituye un riesgo penalmente relevante, mientras que esa misma probabilidad frente a otro bien jurídico puede considerarse riesgo permitido; el ámbito del riesgo permitido depende del bien jurídico protegido en el tipo que determina a su vez la mayor o menor gravedad del riesgo en un sentido cualitativo.”.

[6]En el sentido de exigir un deber de cuidado más intenso a quienes se encuentran en posición de garante respecto de la protección de los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del procedimiento penal véase lo expuesto por TAMARIT SUMALLA en Morales Prats, Fermín; Quintero Olivares, Gonzalo. Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. Thomson Aranzadi. P. 1981-1982: “La voluntad de reforzar la protección de las garantías constitucionales de la libertad individual se materializa también en la tipificación del hecho imprudente. La extensión del ámbito de lo prohibido encuentra una explicación en este caso dada la especial cautela exigible a quienes tienen como función velar por la eficacia de las garantías del referido derecho fundamental”.

[7]De nuevo, el principio procesal non reformatio in peiusimpide que el Tribunal Supremo se manifieste al respecto.


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