La finalidad y los límites de la responsabilidad política

En el marco de un proyecto de investigación del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB (dirigido por la Dra. Mercedes García Arán y por el Dr. Joan Botella) hoy ha tenido lugar en dicha Universidad un seminario dedicado a analizar ciertos puntos relativos a la responsabilidad política y su relación con la responsabilidad penal, en el que han intervenido diversos profesores expertos en Ciencia política, Derecho constitucional y Derecho penal, además de los directores del mencionado proyecto.

Después de asistir a dicho Seminario, quisiera destacar un par de cuestiones derivadas de lo que se ha debatido y que, personalmente, creo que son importantes de cara a extraer conclusiones sobre cuál es la finalidad de la responsabilidad política y qué límites debe tener ésta.

LA PROPORCIONALIDAD EN LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La Dra. García Arán exponía en el Seminario que no puede hablarse propiamente de proporcionalidad en las consecuencias derivadas de la responsabilidad política porque únicamente puede optarse por el apartamiento de la vida política de aquel que haya incumplido una regla ética (no entro a diferenciar si ese incumplimiento proviene de un hecho ilícito, un hecho delictivo o, incluso, un acto de la vida privada que despoje de toda credibilidad al sujeto político que lo hubiere llevado a cabo) que se considere que merece dicho desenlace por quienes deben tomar la decisión al respecto.

El principio de proporcionalidad, en el ámbito penal, exige que las penas sean proporcionadas respecto del delito cometido, erigiéndose, por lo tanto, en límite de la pena la entidad del hecho delictivo, valorado, básicamente, según la importancia del bien jurídico afectado, el desvalor de acción y el desvalor del resultado.

Ello no es trasladable a la responsabilidad política, dado que en Derecho penal encontramos un amplio abanico de penas que pueden imponerse al sujeto activo del delito, lo que no ocurre con quien debe ser sometido a las consecuencias de la responsabilidad política en la que ha incurrido, pudiendo únicamente ser apartado de su cargo y de la vida política.

Pues bien, en mi opinión, esta falta de proporcionalidad es preocupante, dado que se corre el riesgo de dar un trato igual a quienes se encuentran en situaciones distintas. Quisiera poner un ejemplo, algo extremo, para facilitar la comprensión de la breve crítica que pretendo exponer:

Imaginemos que un diputado se encuentra en calidad de investigado en el marco de un proceso penal por blanqueo de capitales. Ingresa en prisión provisional por concurrir los requisitos que se especifican ex art. 503 LECrim y el partido político del que forma parte decide presionarle para que dimita, consiguiendo su objetivo.  El proceso termina con sobreseimiento libre después de estar el sujeto 1 año en prisión.  El diputado solicita que se le indemnice por la vía directa del 294 LOPJ (debe recordarse que el TEDH ha establecido que debe indemnizarse a todo tipo de absueltos, no solo a aquellos que lo han sido por inexistencia del hecho imputado. De ello ya escribí en La indemnización por prisión preventiva (II) STC 8/2017). Es indemnizado por el perjuicio sufrido durante su estancia en prisión, pero su carrera política se ha esfumado por completo. El descrédito al que ha sido sometido tanto por su partido como por los medios de comunicación, que no respetaron la presunción de inocencia que debía amparar al protagonista de este ejemplo.

¿Es justo que reciba una compensación por haber sido acusado indebidamente en vía penal pero que las consecuencias políticas de dicha acusación se mantengan intactas? Es más, ni siquiera veo posible, hoy día, que los propios medios trataran con justicia a dicho sujeto (aunque ello dependerá, probablemente, de la cadena de televisión y del partido político a los que hagamos referencia), insinuando probablemente que, o tenía amistades en el poder judicial, o había manejado la comisión del delito muy eficientemente para no poder ser condenado.

La conclusión que quiero extraer de este ejemplo es que la falta de proporcionalidad en las consecuencias que derivan de la responsabilidad política debe remediarse, o bien ampliando el margen con el que se decide apartar de la vida política definitivamente a quien está siendo investigado por un delito, o ampliando el catálogo de consecuencias derivadas de la responsabilidad política. Poca justificación tiene acabar con la carrera política de alguien que puede haber trabajado muy duro para llegar al puesto que alcanzó y que, sencillamente, pudo haber estado en el lugar y momento equivocados.

Pero las dos soluciones que planteo me llevan a la segunda cuestión que quería destacar en esta entrada.

¿CÓMO Y EN QUÉ ÁMBITO DEBE DECIDIRSE SOBRE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA?

Durante la presente legislatura hemos visto cómo algunos partidos han pactado sobre cuándo decidirán apartar a sus integrantes de la vida política si los mismos se ven sometidos a un proceso penal. Se ha hablado de si debe ser en el momento de adquirir el estatus de investigado (teniendo en cuenta la facilidad con la que un sujeto que tenga cierto poder político puede verse en dicha situación, no parece muy razonable) o una vez abierto el Juicio Oral, entre otras opciones.

¿Resulta adecuado pactar sobre estos extremos? Parece que ello puede llevar a una especia de pseudoregulación de la responsabilidad política, que no causará otra cosa que confusiones y la búsqueda de nuevas vías de eludir la responsabilidad pactada, provocando la crispación habitual entre el electorado, sobre todo cuando dichos pactos se realizan únicamente entre algunos de los partidos que han obtenido representación parlamentaria.

¿Debemos, entonces, abogar porque cada partido político, según sus reglas éticas, decida cuándo debe exigir responsabilidad política a sus fieles integrantes?

Esta solución parece la más adecuada a efectos prácticos. El partido comprueba que uno de sus integrantes ha realizado un hecho reprochable políticamente y decide imputarle una responsabilidad o no. A partir de ahí será el electorado el que se manifieste sobre si el partido hizo lo que debía o si debío haber actuado de otra forma.

Pero este remedio entraña un serio problema, y es que no contribuye a crear una cultura ética que pueda ser respetada por todo el espectro político, unas reglas éticas transversales que rijan la impecable actuación que se le exige a cualquiera que ostente un cargo político. Y ello porque cada partido político apostará por aquello que mejores resultados electorales le suponga, sin importarle si se está aportando su granito de arena para la construcción de una cultura ética que deban respetar todos los cargos políticos y que marque el límite a partir del cual deben apartarse de la vida política, por haber perdido la confianza del electorado. Precisamente, durante el seminario, se hizo referencia al recall, técnica procedente de los Estados Unidos que se emplea para cesar a un cargo electo de su cargo mediante la iniciativa del propio electorado. Esta es una opción que eliminaría ese afán resultadista de los partidos políticos.

LA FINALIDAD DE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Si la finalidad de la responsabilidad política podría ser la afirmación del correcto funcionamiento de la democracia (en un sentido similar a lo que Mir Puig denomina prevención general positiva en Bases constitucionales del Derecho penal.), las consecuencias derivadas de la responsabilidad política deberían atender a dicho fin, por lo que debemos preguntarnos si de verdad la dimisión de un diputado que está siendo investigado por un delito consigue ese efecto. Y no se trata de reflexionar sobre si, actualmente, con el patente desprecio por la presunción de inocencia, la ciudadanía española verá o no con buenos ojos que dicho diputado dimita, sino de pensar en si, realmente, quien ostenta un cargo político y es investigado por la comisión de un acto delictivo, merece o no todavía la confianza de quienes lo han elegido. Esto último parece llevarnos a la conclusión de que sin una condena firme no puede exigírsele responsabilidad política a nadie, lo que comportaría enormes problemas teniendo en cuenta la lentitud de los procesos judiciales, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos que le son habitualmente imputados a quienes ocupan cargos electos.

En definitiva, la afirmación del óptimo funcionamiento de la democracia no se va a conseguir exigiendo responsabilidad política a quien, a través de una querella o una denuncia se encuentra de repente ante un proceso penal, del que podría salir incluso indemnizado, si entra en prisión provisional y se le acaba absolviendo. Los límites a la exigencia de responsabilidad política deben otorgar mayor margen, por mucho que ello no vaya a ser popular entre los voraces medios de comunicación.

 


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