La presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo

El derecho a la presunción de inocencia que establece el artículo 24 de la Constitución y que otorga a todo aquel que ostente la cualidad de sujeto pasivo de un proceso penal , se confunde muy a menudo con el principio in dubio pro reo.

Ambos son conceptos que operan como garantía del acusado frente a una acción penal que no goza de los elementos necesarios para concluir en una condena, pero tienen sus diferencias y cabe remarcarlas, sobre todo, de cara a expresar correctamente en escritos judiciales o en la exposición de informes orales por qué se está solicitando al juez que dicte una sentencia absolutoria.

En el Manual de actuaciones en sala: Técnicas prácticas del proceso penal de PINTO PALACIOS y PUJOL CAPILLA encontramos una breve y esclarecedora definición del ámbito de actuación de ambas figuras.

Por un lado, se explica que “La presunción de inocencia opera cuando hay una total ausencia de pruebas de cargo o, en su caso, cuando las pruebas practicadas carecen de las garantías procesales exigidas por la ley y la Constitución”.

Y por el otro, se expone que “El principio <> opera cuando se ha practicado prueba de cargo en el juicio oral y, sin embargo, el Juez o Tribunal tiene alguna duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal por el que se ha formulado la acusación”.

Aunque con lo dicho supra queda muy clara la diferencia entre el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia y el principio procesal in dubio pro reo, cabe señalar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho referencia a esta distinción en diversas ocasiones. La reciente STS nº 714/2016 de 26 de septiembre hizo también un buen ejercicio de concisión, por lo que de entre muchas otras sentencias, destaco su exposición: “En síntesis, es necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida, y es preciso también que el tribunal de instancia haya obtenido la certeza. Sin lo primero es ocioso el examen de los demás porque falta el presupuesto mínimo para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el tribunal expresa duda y falta de convicción, la absolución se impone por el principio in dubio pro reo

En resumen, cuando queramos alegar que ni siquiera existe prueba que incrime al acusado, por lo que no cabe otra decisión que aquella que lleve al mismo a ser absuelto, deberemos fundar dicho alegato en el Derecho Fundamental a la presunción de inocencia. En cambio, cuando sí exista prueba incriminatoria, pero ésta no despeje suficientemente las dudas sobre la autoría del hecho delictivo, deberemos alegar el principio in dubio pro reo, por el cual el juzgador debe resolver sus dudas en favor del acusado.


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