La indemnización por prisión preventiva (II) STC 8/2017

En la entrada ‘La indemnización por prisión preventiva‘ se expuso en qué consistía la indemnización que puede obtener un sujeto que ha pasado por prisión preventiva (ex art. 502 y ss LECrim) cuando resulta acreditado en el proceso penal que el hecho imputado no existió, tal y como dispone el artículo 294 LOPJ.

En dicho texto hice referencia a la flagrante conculcación de la presunción de inocencia (art. 24 CE) que se producía al diferenciar entre absueltos por una u otra razón, estableciendo así una especie de categorización que termina por distinguir entre absueltos de primera y de segunda clase. Defendí entonces que no pueden quedar dudas, cuando se pronuncia un órgano judicial en una resolución en sentido absolutorio, de que el sujeto pasivo del proceso no ha sido hallado culpable.

JURISPRUDENCIA DEL TEDH RELATIVA AL ART. 6.2 CEDH

Dicho planteamiento es el que ha sostenido constantemente el TEDH. Cito literalmente dos fragmentos de dos de sus sentencias en las que España fue parte que expresan claramente el parecer del Tribunal.

I. CASO TENDAM vs. ESPAÑA (13 de julio de 2010):

“Por otra parte, el Tribunal señaló que en virtud del principio «in dubio pro reo», que constituye una expresión particular del principio de presunción de inocencia, no debe existir ninguna diferencia cualitativa entre una liberación por falta de pruebas y una liberación resultante de una constatación de inocencia de la persona que no está en duda. En efecto, las sentencias de absolución no se diferencian en función de los motivos dictados por el juez. Muy al contrario, en el marco del artículo 6 § 2 del Convenio, la disposición de una sentencia absolutoria debe ser respetada por todas las autoridades que se pronuncia de manera directa o incidental sobre la responsabilidad penal del interesado”.
II. ASUNTO VLIEELAND BODDY Y MARCELO LANNI vs. ESPAÑA (16 de febrero de 2016):
“De entrada, el TEDH recuerda que se menosprecia la presunción de inocencia si una decisión judicial que afecta a un procesado refleja la sensación de que éste es culpable, cuando en realidad su culpabilidad no ha sido previamente establecida legalmente”.
RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE ESTA CUESTIÓN
La STC 8/2017 se ha pronunciado al respecto citando, precisamente, las dos sentencias del TEDH a las que he hecho alusión supra.
El Tribunal Constitucional conocía en amparo de un pronunciamiento del Tribunal Supremo (STS 1398/2012, de la Sala de lo contencioso) en el que se conculcaba la presunción de inocencia por arrojar dudas o, tal y como lo expresa el mismo TC, “emite sospechas sobre la culpabilidad del recurrente”. La Sentencia del TS expresaba que la sentencia de instancia ya había ofrecido respuesta a por qué no acogía la tesis de que el delito no existió y que la misma mantenía que el recurrente fue absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, que es una vertiente del de presunción de inocencia.
La Sentencia del TC afirma al respecto que “se aprecia la vulneración del principio de presunción de inocencia invocado pues, a la luz la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el razonamiento de la sentencia que constituye el objeto de este recurso cuestiona y pone en duda la inocencia del demandante.” por ello, finalmente, el TC otorga el amparo constitucional al recurrente (en cuanto al motivo basado en el artículo 24.2 CE), haciendo uso de la doctrina emanada del TEDH, con expresa cita de las dos sentencias de dicho Tribunal que he mencionado supra.  En consecuencia, declara la necesidad de retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictarse la sentencia por el TS para que se resuelva la cuestión de nuevo, “sin introducir dudas sobre la culpabilidad del recurrente y su derecho a dicha presunción de inocencia.”.
Rodríguez Ramos (catedrático de Derecho penal de la UNED y abogado), analiza las consecuencias que puede tener la STC respecto del nuevo enjuiciamiento que procede en sede del TS, con la autoridad y sensatez a las que nos tiene acostumbrados ( Diario La Ley, Nº 8949, Sección Tribuna, 27 de Marzo de 2017, Editorial Wolters Kluwer):
“Una aplicación de esta doctrina tendría que llevar al TS a reinterpretar el precepto regulador de la responsabilidad patrimonial del Estado Juez por el error específico de acordar una prisión preventiva que, finalmente, se declaró injustificada al no ser absorbida por una posterior pena privativa de libertad, pues si no se puede distinguir, sin conculcar el derecho a la presunción de inocencia, entre absolución o sobreseimiento por inexistencia de pruebas de la acordada por demostración de la ausencia del hecho o de la participación del acusado en un hecho ontológicamente existente, habrá que concluir que la inexistencia del hecho ontológico es equivalente a la inexistencia del hecho procesal. Y es más, también habría que admitir que el hecho procesal inexistente tanto abarca la del hecho en sí como el de la participación en el mismo del acusado, pues hecho y sujeto del hecho son entidades inseparables en el ámbito de un proceso a la hora de condenar o absolver a un acusado.” 

Concluye el mismo que cuando se trata la indemnización de daños y perjuicios derivados de padecer la estancia en prisión preventiva cuando posteriormente se absuelve o se sobresee el proceso aquéllas deben extenderse a todos los supuestos sin discriminación alguna.

CONCLUSIÓN

El respeto a la presunción de inocencia que propugna el artículo 24 de la CE y que es también parte de nuestro ordenamiento por la vía del artículo 6.2 CEDH, a través del 10.2 CE,  solo puede pasar por un cambio legislativo o una reinterpretación del artículo 294 LOPJ. Volviendo a hacer referencia al texto de Rodríguez Ramos, bien podría el TC plantear una autocuestión de inconstitucionalidad (vía 55.2 LOTC) siempre que las opciones anteriores no contaran, tristemente, con apoyo suficiente.


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