Una revisión crítica de la prisión permanente revisable

Aunque llega un poco tarde por mi parte, también es cierto que la pena de prisión permanente revisable sigue siendo, más de un año después de su introducción en nuestro sistema punitivo, una pena polémica y de la que se desconocen sus efectos, más allá de lo que podamos extraer por analogía, tanto del derecho comparado como de las penas privativas de libertad que se aplican en España y que reúnen tanta dureza como aquélla.

No quiero en esta entrada posicionarme a favor o en contra, sino aportar una revisión crítica desde ambos bandos, con la previa reflexión sobre un extremo que me parece de obligada referencia.

La polémica que ha generado la introducción de la prisión permanente revisable (PPR en adelante) en nuestro Código Penal, en mi opinión,  ha sido exacerbada por el mismo colectivo que suele confundir siempre a la ciudadanía en relación a conceptos jurídicos que requieren una detallada y desinteresada explicación, no solo para que su función de prevención general sea eficaz, sino para, sencillamente, no expandir explicaciones incorrectas, con el desconcierto que ello supone cuando un jurista por fin les hace ver la luz. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación, que tanto poder tienen para influir, no solo en ciudadanos alejados por completo de la actualidad jurídica, sino en aquellos estudiantes de derecho que no han invertido tiempo en leer qué opina la doctrina sobre una nueva medida.

Debemos ser críticos con todas las reformas que se lleven a cabo en la jurisdicción penal, independientemente de lo que piense la mayoría , o de lo que parece que sea la mayoría (aquí convendría tener en cuenta la teoría de la espiral del silencio) y del partido político que la haya incluido a nuestra legislación.

A mi parecer, algo que debe dejarse claro antes de iniciar el debate sobre esta nueva (aunque en el siglo XIX ya se previeron figuras semejantes) pena de prisión, es que en nuestro país pueden cumplirse 40 años de prisión si se cumplen los requisitos que recoge el artículo 76 CP y además, si se observa la fórmula que establece el 78 CP, podrían llegar a cumplirse sin el goce de beneficios penitenciarios, acceso a tercer grado y demás (como ya dije en ¿Puede cumplirse el máximo de la pena de prisión sin disfrutar de beneficios penitenciarios?). Es decir, que una crítica de la PPR debería ir siempre acompañada de otra hacia el sistema de excepciones que nuestro Código Penal ya preveía.

Dicho esto, procedo a ofrecer los argumentos que se me ocurren tanto para reprender la introducción de la PPR como para defenderla:

A FAVOR

Estaría a favor de la PPR si confiara en que nuestro sistema punitivo debe tener como fin mayoritario la retribución. Desde una óptica retribucionista puede argumentarse que, por ejemplo, un asesinato (es decir, ya concurriendo alguna de las agravantes específicas del 139 CP) en el que la víctima es menor de 16 años, requiere un castigo proporcional al enorme desvalor de la conducta del sujeto activo, que, de todas formas, nunca alcanzará el daño producido en la víctima y en aquellas de las personas cercanas a la misma. Además de este simple argumento (que no llega al “ojo por ojo”, aunque se acerca) podría usarse uno que luego los contrarios a la PPR pueden usar, que es el relativo a la prevención especial negativa. Mayoritariamente, aquellos con un pensamiento más progresista respecto de nuestro sistema punitivo rechazan de plano las condenas excesivamente largas, e incluso algunos cercanos al abolicionismo aportan estadísticas por las cuales se muestra que ese tipo de condenas no hace otra cosa que empeorar las probabilidades de reinserción. Si esto es así, un retribucionista de pro argumentará que si las penas excesivamente largas (aunque este término es relativo) no favorecen la reinserción, también es claro que para aquel que asesina a dos chicas después de haberlas agredido sexualmente (pensemos que manteniendo la imputabilidad intacta) una condena corta no va a conseguir resultados, dado que el sujeto activo del delito muestra una inadaptación y una capacidad para realizar actos verdaderamente atroces excesivamente preocupante, que no parece que vaya a desaparecer reduciendo su condena, por lo que la única opción, desde un punto de vista pragmático (que coincide con los fines del retribucionismo puro) sería la de mantener a ese sujeto el mayor tiempo posible alejado de la sociedad, lo que podría llevarnos a pensar en una pena incluso más gravosa que la PPR de la que hablamos.

En conclusión, únicamente argumentaría a favor de la PPR, la incapacidad de lograr la reinserción de determinados sujetos, que aun siendo totalmente imputables, presentan una desviación, respecto de los valores que toda sociedad desarrollada defiende, excesivamente pronunciada, y la necesidad de castigar actos que, por el impacto que causan en la sociedad, por lo atroz del acto en sí, y por el daño, imposible de compensar, que causan a la familia y seres queridos de la víctima, requieren una pena tan gravosa como la PPR.

EN CONTRA

En contra de la PPR, argumentaría que no tiene sentido ni desde una perspectiva preventivo general negativa ni preventivo especial negativa, y que, además, se trata de una pena que atenta contra la dignidad del condenado a ella, tanto por la gravedad de la misma como por la inseguridad jurídica que la rodea.

Vayamos por partes. Desde una perspectiva preventivo general negativa no creo que pueda lograrse objetivo alguno dado que el perfil de la persona que comete los delitos que conllevan la pena de PPR es uno muy concreto y que no parece que vaya a desprenderse del móvil que le lleva a cometerlos por la consecuencia penológica que se prevea para dichos actos. Por ejemplo, si seguimos con ese sujeto que agrede sexualmente a dos niñas (vale igual para el asesinato del Rey o el genocida) para luego acabar con su vida con ensañamiento (Imaginando otra vez que no hay causa de inimputabilidad), parece muy difícil pensar que dicho sujeto vaya siquiera a pensarse si llevar a cabo dicho acto porque le espera la PPR si lo cogen.

Considerando el fin de la prevención especial negativa, la reinserción del sujeto, no puede defenderse la aplicación de la PPR, dado que una condena, por ejemplo, de 35 años, parece imposible que pueda conseguir que alguien vuelva a la sociedad, en la que se han producido inimaginables cambios, en la que ya, probablemente, no cuenta con amigos (Incluso podrá haber llegado a considerar su entorno en prisión como parte de su familia o como sus personas de confianza, después de una condena tan larga) ni con lugares a los que acudir o actividades que realizar para mantener una vida corriente y alejada de problemas que lo puedan acercar a prisión de nuevo. De una forma u otra, no parece que una pena de más de 25 años (prácticamente, más de ¼ de nuestra vida), pueda conseguir efecto positivo alguno en una persona, como si de un animal fiero que necesita ser calmado durante largos años se tratara, debiendo alejarle todo lo posible de la violenta forma de vida o del nocivo entorno en el que se encontraba (considerando que en una prisión no se dan esas circunstancias) para que vea la luz de una nueva y pacífica vida.

Por último, cabría argumentar que es una pena que atenta contra la dignidad de las personas, desde dos puntos de vista. Primero, se trata de una pena inhumana y excesiva, por la que se mantiene a una persona encerrada entre las mismas paredes durante más de ¼ de la vida de un ser humano (y uno longevo, además). Ello provoca padecimientos que no pueden tener otra motivación que la de hacer sufrir al sujeto para que, de alguna simbólica manera, se vea compensado un daño causado que ya no puede deshacerse. Por otro lado, el total desconocimiento de cuándo podrá salir de prisión el sujeto, provoca un padecimiento extra, que consigue destruir la dignidad de la persona, convirtiéndola en una persona que vaga entre unos muros despojado de toda esperanza de poder salir algún día de allí.

 Para acabar, me gustaría exponer los argumentos que más convincentes me parecen tanto para considerar la PPR como afín a lo que preceptúa nuestra Carta Magna como para entender que infringe lo dispuesto en la misma:

¿POR QUÉ SE CONSIDERARÍA CONSTITUCIONAL LA PPR?

La única manera de acogerse a un precepto constitucional que valide la aplicación de la PPR es la de hacer una lectura interesada del mismo. Acepte o no alguien, desde su propia opinión, la pena de PPR si acude a la CE, le costará mucho encontrar hacer encajar esta nueva pena en nuestra Carta Magna.

La mejor vía, en mi opinión, para justificar desde una perspectiva constitucional esta pena, es la de argumentar que no conculca el fin de reinserción de las penas que el 25.2 CE establece, porque precisamente el fin de la PPR es conseguir que con una duración mayor de las penas, sujeta además, a una revisión de la pena como requisito imprescindible para lograr la libertad, el sujeto en cuestión vuelva a la sociedad habiéndose rehabilitado por completo. Es decir, la mayor duración de la pena (aunque, como dije antes, pueden cumplirse en España los 40 años de prisión en algunos casos) consigue una rehabilitación completa del sujeto y el requisito de la revisión asegura que un grupo de especialistas pueda confirmar que dicho sujeto cumple con los requisitos necesarios para volver a la sociedad despojado de aquellos vicios que le hicieron cometer un delito de tan brutal naturaleza.

Además, argumentaría que la seguridad jurídica, principio garantizado por el 9.3 CE, no se ve perjudicada por la PPR, dado que los límites están bien establecidos y el condenado puede conocer ex ante cuándo se revisará su condena y bajo qué condiciones.

Por último, expondría que no se trata de una pena inhumana, degradante o que despoje de la dignidad de la que goza cualquier ser humano por el hecho de serlo, porque se prevé la aplicación de beneficios penitenciarios, es una condena revisable y no conlleva un mayor castigo que las demás penas de prisión. Por ello, no infringiría el 15 CE.

¿POR QUÉ SE CONSIDERARÍA INCONSTITUCIONAL?

A mi parecer, se consideraría inconstitucional la PPR precisamente por todo lo contrario a lo expuesto supra. Conculca el principio de seguridad jurídica del 9.3 CE, el fin de reinserción de las penas del 25.2 CE y el derecho a la dignidad personas y a no ser sometido a trato degradante que protege el artículo 15 CE en relación con el 10.1 CE.

Argumentaría que el sujeto no puede de ninguna manera saber cuándo podrá salir de prisión si comete un acto delictivo que conlleve PPR. No hay manera de que pueda determinarlo, ni existe criterio científico que clarifique en qué supuestos, al revisarse la condena, se suspenderá la PPR, por lo que se genera una inseguridad jurídica incuestionable, infringiendo el 9.3 CE.

Por otro lado, como expuse antes, la reinserción no se asegura con el agravamiento de las penas. Aislar de la sociedad a alguien por más de ¼ de lo que puede durar su vida conlleva un peligro excesivamente elevado de que jamás pueda volver a integrarse en una sociedad en la que ya no contaría con apoyos suficientes como para rehacer su vida.  El argumento de que el fin de reinserción sigue intacto no cuenta con pruebas suficientes de su validez, por lo que de alguna manera, se estaría probando suerte con los sujetos sometidos a PPR, conculcando claramente lo expuesto en el 25.2 CE, que es la base de nuestro sistema punitivo, la brújula que marca el camino a seguir de lege ferenda.

Por último, argumentaría que se trata de una pena que despoja de toda dignidad al condenado a la misma, conculcando así lo dispuesto en el 15 CE, en relación con el 10.1 CE, dado que lo somete al sufrimiento de no saber cuándo podrá salir ni qué debe hacer para poder superar la revisión de su condena y conseguir su suspensión, además del padecimiento que ya supone la extensión de su condena. Debe destacarse que un sujeto puede no superar nunca la revisión de su condena, por lo que la pena podría llegar a ser permanente de forma estricta, suponiendo una cadena perpetua en su sentido más literal, que sometería a un sujeto a vivir el resto de su vida en prisión, situación que muchos equipararían a la muerte, al menos en un sentido social, y que conllevaría probablemente severos problemas mentales para cualquier persona, que se agravarían con el paso de los años.


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