La indemnización por prisión preventiva

Hay buenas razones para que alguien que es sospechoso de haber cometido un delito no pueda gozar completamente de su derecho a la libertad, que aunque es un Derecho Fundamental consagrado en nuestra Carta Magna (art.17 de la Constitución Española), no es un absoluto, es decir, en determinadas circunstancias puede (y debe) limitarse. Concretamente, existen tres razones, tasadas legalmente por la LECrim en su artículo 503, que se resumen de la siguiente manera:

  • Asegurar la presencia del imputado en el momento del enjuiciamiento.
  • Evitar la ocultación, manipulación o destrucción de medios de prueba
  • Evitar la reiteración delictiva.

Además, dada la entidad de esta medida cautelar, deben cumplirse ciertos requisitos para adoptarla. En primer lugar, solo podrá acordarse cuando los hechos objeto del proceso penal abierto puedan constituir un delito cuya pena sea igual o superior a 2 años de privación de libertad (Puede ser inferior si el imputado cuenta con antecedentes no cancelados por delito doloso, es decir, no imprudente). Y en segundo lugar, para garantizar el derecho de defensa del imputado deberá celebrarse una audiencia para decidir si se adopta o no la medida de prisión provisional o preventiva. A dicha audiencia acudirán todas las partes y será necesario que el Ministerio Fiscal o alguna acusación inste la medida. El Letrado de la defensa tendrá en este punto la oportunidad de contrarrestar los argumentos que aduzcan las acusaciones  el MF, así que será importante que cuente con buenos argumentos a favor de que su cliente ni eliminará pruebas, ni tiene intención de no acudir cuando sea requerido, ni va a volver (supuestamente, dado que todavía es únicamente imputado/investigado) a caer en la comisión de un hecho delictivo.

Duración de la prisión provisional

La medida cautelar de prisión provisional durará mientras subsistan las circunstancias que motivaron su adopción, pero la LECrim determina plazos según el caso:

  • Si se adoptó la medida por temor a la destrucción de pruebas, no durará más de 6 meses.
  • Si se adoptó para asegurar la presencia del imputado o para evitar la reiteración delictiva podrá durar hasta 2 años siempre que el delito prevea una pena superior a 3 años de privación de libertad. Si la pena es de igual o inferior a 3 años, solo podrá durar 1 año.
  • Cabe añadir que los plazos anteriores serán prorrogables tal y como dispone la LECrim.
  • Por último, si se ha dictado sentencia condenatoria pero no ha adquirido firmeza, la prisión provisional podrá durar hasta la mitad de la pena impuesta.

¿Y si resulta que el imputado acaba absuelto?

Imagine ahora que se le imputa un delito que no ha cometido. Estaba en el momento y lugar equivocados o participó en una pequeña discusión que, fortuitamente, acabó con el fallecimiento de alguien o cualquier circunstancia le llevó a ser detenido por la policía y a ser envíado a prisión de forma provisional por alguna de las razones antes concretadas.

Imagine que el delito que se le imputa conlleva una pena superior a 3 años de privación de libertad, por lo que la prisión provisional puede durar hasta 2 años en el peor de los casos, siendo este plazo prorrogable. Supongamos que cumple un año y medio de esa prisión provisional dado que se acaba celebrando el juicio y le absuelven. Queda en libertad y ninguna repercusión penal recae sobre usted, pero se ha pasado año y medio en prisión, perdiendo su trabajo, dejando de ver a su familia y padeciendo trastornos de ansiedad debido a la incertidumbre del durísimo proceso penal que se le venía encima. Pueden imaginarse mejores y peores consecuencias de haber estado en prisión provisional, pero lo que queda claro es que todo ese tiempo jamás se recuperará y que lo vivido hará mella en usted.

La gran pregunta que deben estar haciéndose ahora es: ¿No deberían indemnizar a quien sufre todo eso sin ser responsable de un delito que se le imputó erróneamente? Pero la respuesta no es tan sencilla como la pregunta. Y es que, como tantas veces ocurre en derecho, todo depende de los detalles.

Pretendo exponer sencilla y claramente la respuesta a la anterior pregunta, para que se entienda sin excesivos datos o referencias que le despisten. Básicamente, el TS venía aplicando una doctrina por la cual se otorgaba una indemnización por haber sufrido la prisión preventiva de forma injusta a quienes se encontraran imputados en un proceso penal y finalmente fueran absueltos (Ya fuere por Auto o por Sentencia absolutoria) por inexistencia objetiva de los hechos imputados y a quienes hubieran sido imputados pero posteriormente absueltos por haberse acreditado su falta de participación en los hechos delictivos, situación que se calificó como de ‘inexistencia subjetiva’.

La inclusión de este último supuesto dentro de aquellos casos que sí dan lugar a una indemnización por la medida sufrida injustamente se debe a una interpretación extensiva del artículo 294 de la LOPJ (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.) que establece lo siguiente:

Artículo 294.

1. Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios.

2. La cuantía de la indemnización se fijará en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.

3. La petición indemnizatoria se tramitará de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo anterior.

El TS, como he dicho antes, aceptaba ambas situaciones como generadoras de un derecho a una indemnización cuantificada según las circunstancias concretas que hubiera provocado la medida de prisión provisional, por lo que dejaba fuera a quienes, habiéndola padecido, hubieran sido absueltos pero por falta de pruebas, es decir, a aquellas personas envueltas en un proceso penal que finaliza sin poderse acreditar totalmente que el imputado fue el responsable de los hechos, porque no hubo suficientes pruebas para romper la presunción de inocencia de la que goza el imputado.

Y es precisamente este último principio, el de la presunción de inocencia, el que marcó un antes y un después en el régimen indemnizatorio por estancia injusta en prisión provisional. Dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (El caso Tendam vs España en 2010 y el caso Puig Panella vs España en 2006) determinaron que España vulneraba el derecho a la presunción de inocencia que el artículo 6.2 CEDH proclama por diferenciar a quien es absuelto por falta de pruebas y a quien lo es por haberse acreditado claramente la falta de participación en los hechos, dejando así dudas sobre la inocencia de aquellos que se encuentren en el primer caso.

El TEDH ya declaró mediante dichas sentencias que el artículo 6.2 CEDH no establece ningún derecho a una indemnización para aquellos que hayan estado injustamente en prisión preventiva pero que las sentencias absolutorias deben respetarse y no pueden ofrecer diferencias cualitativas por lo que al TS no le quedó otra opción que interpretar el artículo 294 LOPJ de forma restrictiva, indemnizando únicamente a quienes hubiesen sufrido injustamente la prisión provisional y hubieran sido absueltos por inexistencia objetiva de los hechos.

¿Quedan entonces desamparados aquellos que fueron absueltos por falta de pruebas o por haberse acreditado que no participaron en los hechos?

Aquellos que se encuentren fuera del supuesto único que ampara el artículo 294 LOPJ deberán acudir a la vía expuesta por el 293 LOPJ, que es la de someter el asunto a un proceso declarativo de error judicial que es condición sine qua non para, posteriormente y al igual que se hace directamente por vía del 294 LOPJ, realizar la petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia.

Conclusión

En mi opinión, en lugar de adaptar la jurisprudencia a los estrictos términos de la ley, debería haberse modificado la LOPJ para incluir en los supuestos del art. 294 a quienes hubieren sido absueltos por falta de pruebas. Podrán argüír algunos que de ese modo el verdaderamente culpable de un delito podría obtener una indemnización por haber sufrido la prisión provisional una vez fue absuelto porque las pruebas contra él fueron obtenidas de forma ilegal, por ejemplo. Y es que ciertamente hay argumentos para proceder tal y como se ha hecho, pero debemos entender que quien es absuelto, aunque fuere por haberse usado pruebas obtenidas ilegalmente contra quien es realmente culpable, debe ser tratado por el sistema penal de la misma forma. No puede pensarse en imputados absueltos de primera y de segunda clase. Y ello es porque, primero de todo, la consideración de si se ha llegado a acreditar completamente la falta de participación en los hechos del imputado es relativa en muchísimos casos y segundo, porque es el propio legislador el que escoge, legitimado por un proceso democrático, sobre qué bases puede absolverse a un imputado.

Si el TS consideraba equiparables los casos en los que se declaraba la inexistencia objetiva de los hechos y aquellos en los que quedaba claro que el imputado no había participado en los mismos, no puede, por un lado, dejar de amparar a estos últimos, cuando antes los consideraba tan merecedores de la indemnización como los primeros y, por otro lado, considerar que quienes sean absueltos por falta de pruebas, ya sea porque su caso era mucho más complejo, por la inexperiencia o ineptitud de su defensa letrada o por otras razones, no son tan inocentes como los demás absueltos, violando claramente como declaró el TEDH, el derecho a la presunción de inocencia.

 

*Actualización: Entrada relativa al asunto que trato aquí a raíz de la STC 8/2017, que reafirma el criterio del TEDH ⇒ La indemnización por prisión preventiva (II) STC 8/2017


5 respuestas a “La indemnización por prisión preventiva

  1. Pues no estoy de acuerdo con lo que concluyes. No sé si es simplemente porque tiendo de forma natural a pensar de conformidad con la jurisprudencia del momento, siempre que sea clara, reiterada, contundente, unívoca y consolidada. Lo cierto es que en relación a la prisión provisional y a la posibilidad de solicitar la indemnización por el tiempo que un imputado, o si se quiere, investigado, ha permanecido interno de carácter preventivo, siendo que al final acaba siendo absuelto del presunto delito por el que se le encausó; la Jurisprudencia del TS de la Sala tercera, viene remarcando que los principios que rigen el procedimiento contencioso administrativo y los principios que rigen el procedimiento penal, son bien distintos, y prueba de ello el hecho competencial que en el Tribunal Supremo distingue la Sala Segunda de la Sala Tercera. La jurisprudencia de una Sala sí puede, y en ocasiones así sucede, ser tenida en cuenta por los Magistrados de las demás Salas antes de resolver dentro de sus competencias la doctrina de la Sala de la que formen parte. Pero debe quedar claro que ésto se hace sin que exista vinculo ni obligación alguna para seguir el criterio fijado por la doctrina de otra Sala. De hecho, también es muy habitual que, después de valorarse la doctrina fijada por otra Sala, los Magistrados de otra Sala, reunidos en Pleno al objeto de fijar doctrina, lo hagan en un sentido distinto, y claramente diferenciado del marcado por otra de ellas. Normalmente esto suele suceder sobre todo entre la Sala Segunda y las demás, precisamente por los principios peculiares que rigen la jurisdicción penal, y que exigen la proyección de un celoso respeto para las garantías del justiciable. En este sentido, la jurisdicción penal se fundamenta en el principio de presunción de inocencia, piedra angular del proceso, y que impone la absolución de todo acusado contra el que no se haya conseguido probar la participación en un hecho de naturaleza criminal. Y eso sin perjuicio de que en realidad haya o no cometido hecho constitutivos del delito del que se le acusaba. Además, sabemos que para que pueda decretarse la prisión provisional de una persona de conformidad con las exigencias de la doctrina del TC, es necesario que existan indicios racionales de haberse producido un hecho delictivo, que le sean indiciariamente imputable algún grado de participación en el preso, que el hecho tenga una gravedad capaz de provocar una pena de más de dos años de prisión, y que se de alguno de los requisitos que exige el artículo 503 LECr: riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de que el preso perjudique las pruebas que lo pudieran incriminar.
    Pues bien, si se dan los requisitos antedichos, la prisión provisional se considerará adecuadamente decretada. Y ello, con independencia del resultado final del Juicio, dado que los parámetros que el Juez instructor debe analizar son esos y no otros. No es asumible que el resultado del pleito afecte a si la decisión más gravosa con el derecho a la libertad del imputado se ha adoptado de conformidad a derecho, y a la jurisprudencia del TC. Así las cosas, difícilmente podremos considerar que merece ser indemnizado aquel a quien se impuso una medida reconocida y amparada por el mismo CEDH, la CE, la LECr, y las doctrinas del TC y del TEDH. La decisión es correcta, y como tal, no supone un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.
    Ahora bien, tal y como sí señala la doctrina de la Sala Tercera del TS, en los casos en los que más allá de la absolución, que no va más allá de señalar que no se ha conseguido demostrar el hecho y la participación del acusado; en algún momento del proceso -tanto con una absolución final, como en un sobreseimiento previo- se constate la inexistencia misma del hecho criminal, o la imposibilidad de que el hecho criminal le fuera imputable al acusado, por haber quedado probado que estaba en otro país, por ejemplo, o por la circunstancia que sea; entonces sí deberá indemnizarse a quien ingresó en prisión sin los requisitos que exige la doctrina del TC antes mencionada. Porque si el hecho investigado no ha sucedido, significa de por sí que no han existido nunca indicios racionales de criminalidad. Más allá de la confusión que llevó al Juez de Instrucción a considerar que sí los hubo. En este caso es plenamente aplicable el principio de que hubo un mal funcionamiento en la Administración de Justicia, que privó de libertad a quien no cometió los hechos criminales que dan inicio a los autos.
    El pretender que toda absolución deba considerarse probatorio de que el absuelto no cometió los hechos de que venía siendo acusado, es una afrenta a las víctimas y a toda la sociedad en general. Una cosa es que por un defecto formal, o por no poder probar el hecho en el juicio oral, quien sí cometió hecho atentatorios contra el orden público y la paz social (artículo 10.1 CE) deba quedar absuelto del delito, pero aunque es incuestionable que así debe ser, en respeto de las garantías que el Estado de Derecho concede y garantiza a “todas las personas”; y otra bien distinta es que además de librarse, le debamos pagar una indemnización con el erario público.
    No hay inocentes de 1ª y de 2ª. ¡Ni mucho menos! Todos los inocentes lo son de forma plena, y lo serán hasta que sean condenados por Sentencia firme. Y lo cierto es que en un juicio penal en el que al acusado se le absuelve, se le declara así con todos los pronunciamientos favorables, pero en ningún caso se fija una indemnización en dicha sentencia, pues no es ni el objeto del juicio, ni competente el Tribunal para establecerla.
    Vamos, yo por comentar…

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    1. Buenos días compañero. Primero de todo, cualquier comentario, por extenso que sea, es totalmente bienvenido, sobre todo si está bien fundado como el tuyo, lo cual demuestra que eres un jurista que disfruta del debate jurídico.

      Dicho esto, debo responder ordenadamente:

      1) Las diferencias entre la jurisprudencia de la distintas Salas del TS o la posibilidad de que compartan su visión sobre un determinado asunto, son aspectos relacionados con esta entrada que yo no he tratado ni he tenido intención de introducir. Por ello, agradezco tu aportación.

      2) Los requisitos para enviar a prisión provisional a un investigado ya los menciono al comienzo de la entrada. Además, me parecen totalmente adecuados y, teniendo en cuenta que todo órgano jurisdiccional debe motivar sus decisiones, no dudo de que se requieren indicios serios de haber participado en la comisión de un hecho delictivo para acordar la prisión provisional para un investigado, dado que cuanto más débiles sean los indicios menor será el riesgo de fuga, de ocultamiento de pruebas o de reiteración delictiva.

      3) Cuando te refieres al funcionamiento defectuoso de la Administración, debe recalcarse que incluso en aquellos casos en los que sí se indemniza por la vía del 294 LOPJ actualmente, es decir, en aquellos en lo que se acredita la inexistencia objetiva de los hechos imputados, también se ha llevado a cabo un juicio detallado de los indicios y de los riesgos que supone dejar en libertad al investigado. En derecho es obvio que hay casos de todo tipo y por ello mismo, y por el hecho de que la fase probatoria es muy complicada en algunos casos. no parece justo hablar de confusión del Juez en los casos donde los hechos imputados no existieron pero no en los casos en los que, por cualquier circunstancia, la prueba de la inexistencia del hecho, aún siendo cierto que no existió ese hecho imputado, es tan complicada que no acaba por resolverse.

      4) Cuando aseguras que no hubo nunca indicios racionales de criminalidad cuando finalmente un Juez o un Tribunal sentencia que no existió el hecho objetivo imputado (A sabiendas de que dicha decisión o dicho juicio no tienen porqué coincidir con la verdad material. ni siquiera cuando la decisión deviene firme) creo que te equivocas, porque como sabrás de tu experiencia derivada de la grandísima casuística que habrás presenciado en procesos penales por tu condición de abogado, hay casos donde aquello que parece muy claro, acaba por no haber sucedido. En derecho penal da la sensación de que hay pocos casos donde la solución se encuentre en un espectro de blanco o negro, sino que hay muchísimos grises, donde es muy difícil determinar qué sucedió. Un fácil ejemplo para visualizar por qué un Juez pudo tener enormes indicios racionales de criminalidad pero donde el hecho objetivo imputado no existió es el de un chico que supuestamente ha violado a una chica. El chico asegura que estaban saliendo aunque no era nada serio. Él quería mantener relaciones sexuales pero ella no, así que el chico se enfada y le cuenta a todos sus amigos y conocidos de la chica que es una mojigata porque no quiso tener relaciones con él. Ella se enfada y por su impulsividad típica de la etapa adolescente decide denunciar al chico por violación. Dado que el chico es problemático y hay testigos que confirman que tiene un carácter agresivo, el Juez acaba pensando que puede haber cometido el delito. La chica lo denunció una semana después de los supuestos hechos y por ello no puede determinarse fácilmente si dice la verdad con una prueba médica. Además, el chico es extranjero, nada le ata a España y tiene antecedentes por desobediencia a la autoridad. En fin, acaba en prisión provisional por un hecho que no existió y aun así había indicios racionales para acordar dicha medida cautelar.

      5) Cuando dices que procede la indemnización si el investigado se encontraba en otro país en el momento de los hechos y así se acredita, precisamente en esta entrada explico que, gracias al TEDH, dicho supuesto no es indemnizable por vía del 294 LOPJ (sino por el del 293 LOPJ, al igual que cuando se absuelve por falta de pruebas.) porque el TEDH estableció que no puede procederse a indemnizar a aquellos absueltos por haberse acreditado que no participaron en los hechos pero no hacerlo a aquellos que fueron absueltos por falta de pruebas. Afirmó el TEDH que ese proceder del TS vulnera el derecho a la presunción de inocencia, dado que no puede haber diferencias cualitativas entre absolver a unos y absolver a otros.

      Ello daba únicamente 2 opciones al trato en nuestro país de este tipo de indemnización. O se indemnizaba tanto a los absueltos por falta de pruebas como a los absueltos por no haber participado en los hechos o se hacía una interpretación restrictiva del 294 LOPJ y se indemnizaba únicamente a los absueltos por inexistencia objetiva del hecho.

      El TS venía indemnizando a los absueltos por inexistencia objetiva del hecho y por falta de participación, es decir, consideraba equivalentes dichas situaciones. Pero con el fallo del TEDH decidió indemnizar por vía del 294 LOPJ únicamente a los primeros. Eso nos dice que ahora mismo, los absueltos por el primer motivo y los absueltos por los dos otros motivos (falta de participación y falta de pruebas) no tienen la misma condición que aquéllos, aun cuando el TS vino considerando a los dos primeros como casos que merecían de la misma forma una indemnización.

      Es por todo esto por lo que digo que no puede haber absueltos de primera y segunda clase. Ahora mismo los hay por la respuesta de nuestro país a las sentencias del TEDH. En mi opinión claro.

      6) Para acabar, quisiera plantearte algo. Dices que indemnizar a todo tipo de absueltos es una afrenta a las víctimas. Entonces, no indemnizar a una persona que estaba en el lugar y momento equivocados, que además encaja en el perfil de quien de verdad cometió el hecho delictivo y que tiene antecedentes violentos, por lo que hay indicios más que suficientes para enviarlo a prisión preventiva e incluso para condenarlo (hay que recordar que ciertos procesos en España se resuelven por el Tribunal del Jurado), pero que no cometió los hechos imputados, ¿Qué es? Desde luego es hacer que paguen justos por pecadores, legitimando que alguien completamente inocente, pueda pasar años en prisión preventiva, perdiendo trabajo, familia, padeciendo graves sufrimientos mentales, por algo que nunca hizo.

      Creo que este tema tiene mucho jugo y que no hay una única respuesta válida, por ello agradezco mucho que hayas abierto el debate. Obviamente nos encontramos en posiciones enfrentadas, pero es bonito que hagamos como los buenos juristas y lo discutamos como hacemos aquí. Un placer tener tu opinión plasmada en esta entrada, te animo a que lo sigas haciendo.

      Un cordial saludo compañero.

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      1. Bueno, parece que en lo básico venimos estando de acuerdo. La diferencia de opinión -legítima, en cualquier caso- se centra en que tú consideras que todo aquel que acaba siendo absuelto; y más concretamente: los hechos no declarados probados, deben por extensión, ser considerados hechos no sucedidos, o más bien: que se deberá declarar probado que el hecho no ha sucedido, siempre que el hecho no se haya considerado probado en Sentencia. Y creo que son 2 cosas bien distintas: que una proposición no haya sido probada, no puede considerarse “per se” como prueba de que el hecho no ha sucedido. Estaríamos hablando en concreto dentro de las falacias conocidas como, de pertinencia, en la conocida como: falacia “ad ignorantiam”, que consiste en la argumentación contraria a las reglas de la lógica, que viene a sintetizarse en: Dado que P se desconoce o se ignora, por no haber quedado acreditado de forma bastante, en consecuencia, P no existe, o, queda probado que P es falso. Lo que en Poker se conoce como “marcarse un farol”: dado que el contrario no tiene claro si la mejor mano es la suya, me marco un farol, para apoderarme de la mano, simbolizando que ¡LA TENGO YO!

        A lo que me refiero yo, en relación a nuestra diferencia de opiniones, es que sólo procederá el pago de una indemnización por parte de la Administración de Justicia, en los casos -de todo tipo como bien señalabas- en que SÍ quede probado que la persona del solicitante de la indemnización, no cometió el hecho que se le imputa, y por el que fue internado en prisión preventiva. Pero eso no siempre ocurre.

        Me parece que también te refieres a un caso más que sonado… el de “la pobre” Dolores Vazquez… y digo eso, porque de ahí he sacado yo mis conocimientos sobre este ámbito propio de una jurisdicción, la Contencioso-Administrativa, en la que no estoy muy versado, y que obviamente me “veo pez” en relación a quien la domine. La Sentencia del TS de la Sala 3ª desestima conceder la indemnización por motivos formales de invocación incorrecta del adecuado artículo aplicable; y deja en consecuencia a Dolores Vazquez sin derecho a percibir indemnización alguna. Consta un Voto particular, de la Magistrada Margarita Robles, en el sentido de considerar excesivamente formalista la sanción que lleva a no dar “ni un duro” a la Sra. Vazquez. ¡Una pasada! me parece.

        Un saludo.

        Ion I.

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    1. En mi opinión, en ningún momento se cae en el uso de la falacia ‘Ad ignorantiam’ como método argumentativo dado que el objetivo no es presentar una situación dudosa como una en la que no hay duda alguna de el acusado es totalmente inocente. Aquí lo que estaba planteando es que, si se ha acreditado que el acusado no participó en los hechos, también debe poder acudir a la vía del 294 LOPJ para obtener una indemnización, y que, tal y como argumentó el TEDH, si eso es así, también debería indemnizarse por la misma vía a los absueltos por falta de pruebas. Fíjate que dices en tu comentario que deberá otorgarse indemnización en los casos que se haya probado que el acusado no cometió los hechos, pero es que actualmente no se permite acudir a la vía del 294 LOPJ a quienes fueron absueltos por probarse que no participaron en unos hechos delictivos que sí ocurrieron, aunque el acusado no participara en ellos.

      No se ha dicho que se deba tener a todo tipo de absueltos como inocentes de forma indubitada y tampoco se ha afirmado que esa sea la conclusión necesaria. En el sentido propio del concepto de absolución por falta de pruebas se recoge la idea de que el acusado podría ser o no culpable, pero dado que no hay carga probatoria suficiente se le absuelve. Lo que aquí se defiende, por mi parte al menos, es que no pueden pagar justos por pecadores, no puede impedirse de forma generalizada que aquellos que han sido absueltos por falta de pruebas sean indemnizados. Si tú mismo acudías al sufrimiento de las víctimas para justificarlo en tu primer comentario, seguro comprenderás que aquellos absueltos por falta de pruebas que hayan pasado tiempo en prisión han perdido muchísimo, no solo su tiempo y su tranquilidad, sino una infinidad de cosas que, desde luego, solo aquellos que lo han sufrido entienden.

      En conclusión, entiendo tu postura pero no se dice aquí que los hechos no probados, necesariamente no hayan sucedido, si no que el sistema judicial tiene sus limitaciones y dada la complejidad natural de los casos no pueden pagar justos por pecadores y quedar sin compensación aquellos que han perdido tanto sufriendo la prisión preventiva únicamente porque no hubo actividad probatoria suficiente para condenarlos, cuando éstos pueden ser, realmente, tan inocentes como aquellos que tuvieron suerte y pudieron demostrar sin duda alguna que los hechos por los que se le acusaba no existieron. Se dice que es peor un inocente condenado que un culpable absuelto y eso debe hacernos pensar que debemos garantizar que nunca un inocente recibirá un castigo sin ser después compensado por ello. Si el problema es el peligro de indemnizar a un culpable, nunca será eso peor que dejar a un inocente sin indemnización y desde luego, nos dice mucho sobre la necesidad de otorgar a la Administración de Justicia de más recursos, además de guiarnos hacia una potencial mejor regulación de esta cuestión.

      Gracias de nuevo por continuar con el debate,

      Fran.

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