¿Es delito cambiar la cerradura de la vivienda para impedir el acceso al inquilino?

“¿No puedes cambiar la cerradura para que el inquilino que no te paga no pueda quedarse en un piso/casa de tu propiedad sin que recibas un solo euro?” Esta frase y variantes de la misma se repiten constantemente, y ello solo puede ser por dos razones: De forma generalizada no se conoce si dicha conducta es delictiva y además, suele considerarse, si finalmente se entiende como constitutiva de delito la conducta descrita, como algo tremendamente injusto para el arrendador, que ve como, sin recibir renta alguna, su inmueble es utilizado, por lo que la indignación ante la posibilidad de que, además, se le impute un delito, también es algo que podemos encontrar con facilidad.

Pero la cuestión no es (por la dinámica de este blog o, al menos, por lo que se pretende con esta entrada) si es justo o injusto que uno no pueda evitar rápidamente que alguien viva en un inmueble de su propiedad sin pagar cambiando la cerradura, sino que aquí trataré de resumir lo que ha decidido nuestra jurisprudencia. Procede así, un análisis de la posibilidad de que cambiar la cerradura en ese caso constituya un delito de coacciones.

El delito de coacciones aparece tipificado en el artículo 172 del CP y condena aquellas conductas dirigidas a doblegar la voluntad de otro, ya sea impidiéndole hacer lo que la ley no le prohíbe u obligándole a realizar una acción que no quiere llevar a cabo. El redactado literal es el siguiente:

Artículo 172.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Desde un vistazo rápido al redactado del CP podemos concluir que en el caso que se plantea en el título de esta entrada es cierto que se impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, que es habitar un inmueble con base en un contrato legal de arrendamiento de un inmueble, y que, si la intención del arrendador es la de echar al arrendatario por impago de la renta, es muy claro que pretende impedir el legítimo disfrute de la vivienda del arrendatario. Alguien podrá discutir que el disfrute de la vivienda no es legítimo y que la ley no permite residir en un inmueble habiendo incumplido el contrato de arrendamiento, pero dichos argumentos no tienen fuerza alguna, dado que existe un procedimiento en vía civil, el procedimiento de desahucio, al que debe acudirse cuando el inquilino deja de cumplir con el pago de la renta acordado en el contrato de arrendamiento. Si obviáramos este paso dejaríamos en manos de los arrendadores (que constituyen además la parte más fuerte de las dos que integran la relación arrendaticia, lógicamente, ya sea porque es la parte que ofrece una propiedad y obtiene una renta por ello o porque actualmente, los abusos amparados en ese típico “Si no lo quieres hay mil candidatos más que lo aceptarán” que atrapa a aquellos que menos dinero poseen abundan. ) la posibilidad de acabar con la relación arrendaticia sin que un juez haya dispuesto anteriormente que se proceda a desahuciar a un arrendatario que, habiendóse constatado efectivamente después del debido proceso judicial, no satisfacía la renta

Habiendo aclarado este extremo, es el momento de introducir la jurisprudencia que despejará las dudas respecto a si verdaderamente esta conducta es constitutiva de delito o no.

Efectivamente, es aceptado por la  jurisprudenciaEntre otras, AP Granada (Sección 1ª), sentencia núm. 451/2009 de 30 julio; AP Alicante (Sección 2ª), sentencia núm. 79/2006 de 14 febrero.; AP Málaga (Sección 1ª), sentencia núm. 306/2002 de 10 diciembre; AP Barcelona (Sección 5ª), sentencia núm. 934/2011 de 16 septiembre.〉 que dicha conducta es constitutiva de un delito de coacciones.

La AP de Murcia concretamente, en su sentencia núm. 408/2012 de 19 octubre. JUR 2012\397834, y contestando a un motivo de impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal que condenó al acusado de un delito de coacciones por cambiar la cerradura a la inquilina que habitaba el inmueble de su propiedad en virtud de contrato de arrendamiento en vigor, sobre la indebida aplicación del artículo 172.1 CP por no cumplir la conducta del acusado los requisitos del tipo, confirmó la sentencia previa recordando lo establecido por el TS en la STS de 29 de junio de 2005, en la que se relataban los elementos del delito de coacciones, que son los siguientes:

1) Una dinámica comisiva encaminada a un resultado que puede ser de doble carácter: impedir a alguien hacer lo que la Ley no prohíbe o compelerle a hacer lo que no quiera, sea justo o injusto.

  • En en hipotético caso que planteamos aquí, se impide hacer lo que la ley no prohíbe.

2) Que tal actividad se plasme en una conducta de violencia, cuya clase ha ido ampliándose con el tiempo para incluir no sólo la «vis physica» sino también la intimidación o «vis compulsiva» e incluso la fuerza en las cosas o «vis in rebus». La mera restricción de la libertad de obrar supone de hecho una violencia y por tanto una coacción, siendo lo decisorio el efecto coercitivo de la acción más que la propia acción. Esta utilización del medio coercitivo ha de ser adecuada, eficaz, y causal respecto al resultado perseguido.

  • Cambiando la cerradura se restringe claramente la libertad de obrar, cobrando un claro efecto coercitivo la acción.

3) Que esa conducta ofrezca una cierta intensidad, ya que si esta última fuera de tono menor aparecería como apropiado la apreciación de una falta, teniendo en cuenta que en la jurisprudencia además del desvalor de la acción se ha tomado también en cuenta el desvalor del resultado.

  • Esta cuestión será de valoración en adelante, dado que algunas AAPP han decidido castigar como coacción leve el cambio de cerradura.

4) La existencia de un elemento subjetivo que abarque el ánimo tendencial de restringir la libertad de obrar ajena.

  • Si el arrendador cambia la cerradura de un inmueble a sabiendas de que es habitada por el arrendatario con el que firmó el contrado de arrendamiento, es obvio el ánimo de restringir la libertad de obrar ajena, por lo que en este caso el error de tipo es difícil de imaginar.

5) Ausencia de autorización legítima para obrar de forma coactiva.

  • Lógicamente, planteamos un caso donde ni la autoridad policial ni la judicial han decidido proceder de dicha manera.

Apoyándose en estos puntos, dicha AP de Murcia decidió condenar al acusado por un delito de coacciones y con este ejemplo, queda todavía más claro que cambiar la cerradura del inmueble objeto del contrato de arrendamiento por impago de la renta por parte del inquilino constituye un delito de coacciones.

La AP de Málaga, en su sentencia núm. 306/2002 de 10 diciembre. JUR 2003\85903, es todavía más clara si cabe, por lo que me dispongo a copiar literalmente parte de lo dictado en la misma: «Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, referente al supuesto enjuiciado de ” cambio de cerraduras” como infracción criminal, cuando como en el presente caso sea ejercida como medio o instrumento de coacción frente a una persona y tenga entidad suficiente y adecuada para impedir o hacer prácticamente imposible que el sujeto pasivo actúe según su voluntades al impedir a alguien hacer lo que la ley no prohíbe u obligando a efectuar lo que no quiera, y un animus tendencial que consiste en la voluntad de restringir la libertad ajena…»

Pero debemos abordar otro problema ya anunciado, que es el de discernir cuándo se trata de una coacción leve y cuándo de una grave. Una sentencia de la AP de Madrid parece querer establecer que cuando se produzca un simple cambio de cerradura, sin más violencia o limitación de la libertad de la víctima que dicho impedimento para entrar en el inmueble y no pueda probarse claramente el dolo específico de impedir al arrendatario vivir en el inmueble debe condenarse por una falta de coacciones (Lo que ahora sería un delito por coacción leve recogido en el 172.3 CP).

La AP de Madrid, en la mencionada sentencia, que es la núm. 789/2014 de 23 julio. JUR 2014\240068, condena a la acusada por una falta de coacciones dado que el contrato de arrendamiento estaba finalizado (contempla el contrato una prórroga tácita del mismo) , el arrendatario no contestaba las llamadas y además llevaba semanas fuera del inmueble. Por todo ello, estimó la AP que la entidad de la acción de la acusada no alcanzaba el grado de intensidad suficiente como para superar su encaje en lo que era una falta de coacciones.

Por último, quisiera mencionar lo dictado en una sentencia de la AP de Barcelona, que demuestra que el criterio de las AP es muy diverso y que la nueva posibilidad, brindada por la última reforma de la LECrim, de recurrir al Tribunal Supremo en Casación las sentencias en segunda instancia por las AP, es una gran novedad (siempre que la excusa de que no reúne el recurso interés casacional no convierta dicha novedad en una triste esperanza que no traerá provecho alguno). La AP de Barcelona, en su sentencia núm. 361/2003 de 30 abril. JUR 2003\228728, absuelve al acusado de un delito de coacciones por entender que había razones de peso para creer que los arrendatarios habían abandonado el inmueble. El ponente ya advierte de que la conducta del acusado es totalmente reprobable al no haber acudido a la vía judicial adecuada para terminar con el contrato de arrendamiento, pero afirma que no puede subsumirse la conducta del acusado en un delito de coacciones sin más. Según la AP de Barcelona « Las circunstancias que concurrieron en el caso de autos no autorizan a concluir que con su actuación persiguiera específicamente impedir a éste acceder y consiguientemente disfrutar de la vivienda que tenia arrendada, lo que descartará la viabilidad de subsumir su conducta en la figura delictiva tipificada en el art. 172 del  Código Penal». Después de tal aclaración, afirma que de concurrir causa que justificara una acción de desahucio,  podría plantearse si el acusado cometió un delito de realización arbitraria del propio derecho del artículo 455 CP.

En conclusión, aunque es claro que en el caso de un arrendador que, a sabiendas de que los arrendatarios ocupan el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, cambia la cerradura de aquél, se está cometiendo un delito de coacciones, dado que la intención de impedirles habitar el inmueble es clara, surgen ciertos problemas si entramos en detalles:

  1. Aunque tratemos el típico caso del que hablamos al comienzo del post (arrendador que cambia la cerradura a sabiendas de que los inquilinos habitan el inmueble), debe discernirse si la entidad de la acción es suficiente como para escapar de lo que constituiría una coacción leve y poder integrar la figura de la coacción grave, que puede conllevar pena de prisión (Aunque contempla pena alternativa de multa. Parece ser que para determinar dicha intensidad, el Magistrado tendrá en cuenta si los inquilinos habitaban en ese momento temporal (no un tiempo concreto, pero sí lo suficiente como para entender que habitan el inmueble y que no se ha abandonado el mismo, dado que el abandono unido al impago de rentas atenúa obviamente la gravedad de la acción del sujeto activo) el inmueble y si se limitó a cambiar la cerradura o llevó a cabo alguna otra acción para impedir al inquilino a disfrutar de su derecho a permanecer en el lugar objeto del contrato de arrendamiento.
  2. También deberemos observar si la conducta puede subsumirse  de manera más clara en la realización arbitraria del propio derecho, si nos encontramos en una situación en la que, habiendo razones claras para que proceda la acción de desahucio, no puede inferirse de la acción del sujeto activo que quisiera impedirse el habitar el inmueble.
  3. Por último, deberá también analizarse si el sujeto activo llegó a entrar en la vivienda, dado que, aunque se tratara del arrendador, si el inquilino vive en el inmueble, el arrendador estará cometiendo un delito de allanamiento de morada, por cuanto su condición de arrendador no le da derecho a entrar en lo que es la vivienda del inquilino, quebrantando el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Respecto del allanamiento, la AP de Almería, en su sentencia núm. 30/2006 de 3 febrero. ARP 2006\215 cita los siguientes requisitos para que concurra la comisión de dicho delito (dejo el redactado literal aquí para los que piensen que no es posible que el arrendador sea condenado por dicho delito dado que el inmueble es de su propiedad, opinión que parecen reunir muchos arrendadores que se guardan su copia de la llave con excusas como la de “es que querré entrar de vez en cuando a ver en qué condiciones está el inmueble”):
    • El sujeto activo debe ser necesariamente un particular y no un funcionario público (pues de ostentar tal condición la conducta se encuadraría en el art. 204 del CP), pudiendo atribuirse la condición de sujeto activo a cualquier persona que no habite en la misma morada.

    • La dinámica comisiva consta de un elemento positivo consistente en una acción de irrupción cometida por el acusado en la morada ajena, entendiendo por tal el recinto en el que el sujeto pasivo desarrolla su vida íntima y familiar comprendiéndose no sólo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores; y consta también de un elemento negativo, configurado en que la referida conducta se perpetra contra la voluntad del morador o de quien tiene derecho a excluir la intromisión, exclusión del consentimiento que puede ser tácita y hasta presunta, sin que requiera manifestación expresa del morador, bastando que lógicamente pueda deducirse de las circunstancias del hecho o de otros antecedentes; y

    • El dolo característico del tipo está configurado por la voluntad y conocimiento de entrar o permanecer en morada ajena y contra el consentimiento del morador, sin que sea necesaria la presencia de ningún otro elemento subjetivo del injusto y resultando irrelevante el móvil o finalidad que impulsa al sujeto activo.


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