¿Constituye delito pintar un ‘graffiti’ en bienes públicos o privados?

Esta entrada está relacionada con uno de los principios básicos del derecho penal. Es un principio que debe respetarse de forma rigurosa, dado que de no hacerse así, no solo la repercusión que tendría sobre el particular que comete el delito sería terriblemente desproporcionada, sino que el mensaje que se enviaría al conjunto de la sociedad constituiría un peligroso anacronismo. Estoy hablando nada más y nada menos que del principio de intervención mínima o ultima ratio. La relación entre dicho principio y esta entrada está en que desde un análisis sistemático del Código Penal, vemos como un graffiti en una pared no es una conducta que pueda considerarse digna de repercusión penal o al menos no se percibe dicha sensación claramente si imaginamos un ejemplo de los más generalizados.

Por lo tanto, ¿Queda dicha acción dentro del ámbito penal o le corresponde únicamente una sanción administrativa?

Comencemos por observar la legislación. El actual artículo 263 dicta lo siguiente:

  • Artículo 263.

1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:

1.º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.

2.º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.

3.º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.

4.º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.

5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.

Pero, ¿Cómo saber si un graffiti encaja en esos daños que menciona el anterior artículo? Parece que esta pregunta se responde conociendo la entidad de la pintada. Antes de la reforma 1/2015 del CP, éste recogía una falta en la que se sancionaba la acción de deslucir la propiedad ajena. Ello no significa que todo aquel que realizara un graffiti cometía dicha falta y no el delito de daños del 263 CP, sino que cuando la pintada no reunía la suficiente entidad se aplicaba la falta del artículo 626 CP.

Por lo tanto, debemos ir por partes. Primero debe resumirse cuándo han considerado nuestros juzgados y tribunales que se estaba cometiendo la falta de deslucimiento y cuándo el delito de daños. Posteriormente deberemos analizar qué ocurre actualmente si lo que se comete es la extinta falta de deslucimiento.

La sentencia número 68/2012 de 19 de septiembre de la Audiencia Provincial de Soria aclaró lo siguiente: «En definitiva el concepto jurídico del delito de daños no difiere del gramatical: el daño es el efecto de dañar que no es sino causar detrimento, perjuicio o menoscabo, y no cabe confundir dicha conducta con la de deslucir a que se refiere el  artículo 626   del Código Penal , que consiste en quitar la gracia, atractivo o lustre a algo.  »

La Sentencia núm. 16/2012 de 9 febrero de la Audiencia Provincial de Palencia hizo también referencia a este asunto y diferenció entre lo que constituiría un delito de daños y una falta de deslucimiento. En este caso se tuvo en cuenta la mayor o menor dificultad para restaurar el bien pintado y por su claridad, “copio y pego” gran parte de su argumentación:

«en el caso objeto de autos, consta que para reparar los daños causados en los vagones se precisó de un día de inmovilizado de material, 70 litros de disolvente antigraffiti, 24 horas de mano de obra y lavado exterior, ascendiendo todo ello a la importante suma de 1.488,02 euros y, según el informe elaborado por el Sr. Heraclio , la reposición de los vagones a su estado anterior precisa, en una primera fase, eliminar los graffitis en túnel de lavado mediante líquidos tóxicos y, en la segunda fase, es necesario pintar otra vez los vagones con otros materiales y con la mano de obra correspondiente. Todo ello significa que no estamos aquí hablando de un mero deslucimiento de los vagones de tren por su poca importancia o por haber precisado para su reparación simples labores de limpieza, muy al contrario la acción del acusado supuso un deterioro considerable de los vagones de tren en los que realizó el graffiti y su restitución a la situación anterior es valorable económicamente, de manera que los hechos han de calificarse como delito de daños sancionable penalmente»

Queda claro entonces que dependiendo de la entidad de la pintada se considerará un daño penalmente sancionable o un mero deslucimiento que antes recibía el trato de falta. Actualmente, en cambio, dicha falta desapareció como dije antes, con la reforma 1/2015 del CP que despenalizó muchas de las faltas y convirtió otras en delitos leves. Pues bien, concretamente, la acción de deslucir un bien ajeno ha quedado recogido en la ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. En dicha polémica ley, el artículo 37.13 establece como infracción leve lo siguiente:

13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.
Por ello, deslucir bienes ajenos que se encuentren en la vía pública, ya sean de titularidad pública o privada constituye una infracción administrativa leve que conlleva una multa de 100 a 600 euros, según el artículo 39 de la misma ley. Si el bien en cuestión no se encontrara dentro de la via pública y fuera de titularidad privada, el titular del bien debería reclamar reponsabilidad civil a quien hubiere realizado el acto de deslucimiento sobre el bien objeto de dicha acción.

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