La atenuante de dilaciones indebidas

La atenuante de dilaciones indebidas se introdujo en nuestro código penal en la reforma que trajo la LO 5/2010 de 22 de junio, aunque anteriormente ya había sido considerada por nuestro Tribunal Supremo, hecho en el que no me adentraré en esta entrada. Sí profundizaré en cambio, en el trato que recibe actualmente por la jurisprudencia esta atenuante, que encontramos en el apartado 6º del artículo 21 CP:  “6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.”

La Sentencia del Tribunal Supremo número 213/2011 de 6 abril (RJ 2011/3338) se encargó de detallar la situación en la que se encuentra esta circunstancia que permite reducir la responsabilidad penal del sujeto activo del delito por haber transcurrido un tiempo excesivo, conculcando el derecho “a un proceso público sin dilaciones indebidas” como preceptúa el artículo 24 de nuestra Carta Magna.

La citada sentencia recuerda que la jurisprudencia de la Sala (La Sala de lo Penal del TS) sostiene reiteradamente que la pérdida del derecho a ser enjuiciado en un proceso sin dilaciones indebidas debe computarse con la pena que se le impone al sujeto activo del delito, todo ello para conseguir un equilibrio entre la gravedad de la pena y la gravedad de la culpabilidad, respetando así el principio de proporcionalidad.

Para determinar aquellas circunstancias de un proceso que permiten apreciar la concurrencia de esta atenuante la sentencia hace referencia al criterio demostrado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 6 del Convenio para Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, precepto que reconoce también el derecho “a que la causa sea oída en un plazo razonable”. Pues bien, según el criterio del TEDH, el TS ha estimado como circunstancias relevantes para estudiar la aplicación de la atenuante las siguientes:

  • La complejidad del proceso.
  • Los márgenes ordinarios de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal.
  • Interés que arriesga quien invoca la dilación indebida.
  • La conducta procesal de dicha parte que pretende la aplicación de la atenuante.
  • La conducta procesal de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios de los que disponían.

En alguna ocasión el TS ha exigido que la parte que ha sufrido las dilaciones debe denunciarlo previamente si posteriormente quiere alegar dicha circunstancia, dando así la oportunidad al órgano jurisdiccional de corregir tal situación, pero el mismo TS se ha pronunciado también en contra de este requisito, en mi opinión, totalmente excesivo, alegando que en el proceso penal el impulso procesal es un deber del órgano judicial y que no puede obligarse al imputado a renunciar a que pueda aprovecharse de la prescripción del delito.

Admite el TS que el concepto de dilación indebida es abierto y que requiere una valoración específica en cada caso para conocer si debe apreciarse o no. Dicho estudio deberá centrarse también en si se ha producido una “efectiva lesión”, un perjuicio, más allá del propio retraso en el enjuiciamiento, ya sea por causa de las circunstancias del autor del hecho delictivo o porque el interés social en la condena es menor.

Por último, vayamos al aspecto más jugoso de esta atenuante, si lo miramos desde un punto de vista resultadista, de caras a la representación letrada del sujeto activo del delito, que es la intensidad con la que se ha producido la circunstancia que sirve de atenuación y si ésta da pie a poder apreciarla como muy cualificada, pudiendo así rebajar en uno o dos grados la pena, tal y como establece el artículo 66 CP.

Pues bien, nos recuerda la sentencia que cité al comienzo de la entrada que, para apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada la Sala requiere la concurrencia de retrasos extraordinarios, especialmente intensos. La jurisprudencia que aplicó esta circunstancia lo hizo en casos de procesos que duraron 9 años (STS 655/2003 de 8 de abril), 8 años (STS 291/2003 de 3 de marzo) e incluso 7 años (STS 505/2009). Por lo tanto, deberá observarse una situación fuera de lo normal, donde la lentitud del órgano jurisdiccional que se encargue de la causa constituya, además de una falta de eficiencia impropia de lo que debería ser un cuerpo de profesionales que dirigen su actividad a la concreción de unos hechos que, como si fuera poco, decidirán sobre la privación de libertad de una persona, un caso estrepitoso y alejado de la normalidad.


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