El consentimiento de la víctima en las lesiones.

Si Julián y Enrique, dos amigos, deciden pelear de mutuo consentimiento por el motivo que sea y el primero acaba provocando lesiones graves al segundo, ¿debe el Estado imponer su poder punitivo y castigar a Julián por esas lesiones? Ciertamente el debate es extenso e interesante, porque si el Estado ajusticia a quien provoque lesiones a alguien que las ha consentido, ¿Cómo lo justifica? Bien, lo cierto es que el derecho a la vida y a la integridad física que nuestra Constitución consagra en su artículo 15 no son disponibles. Es decir, el Ordenamiento Jurídico español, por el momento, ha decidido dotar de protección a dichos derechos, aun cuando el sujeto pasivo (la víctima) desea renunciar a ellos. El problema es semejante al que genera la antijuridicidad (cualidad de ser contrario a derecho) de la eutanasia, donde tampoco se permite al enfermo terminal disponer de su derecho a la vida.

El hecho es que entre darle relevancia al consentimiento de quien es lesionado, dotando de atipicidad a la conducta del sujeto activo (eliminar las consecuencias penales del acto de lesionar en estos casos) y no dársela en absoluto, impidiendo que dicha circunstancia modifique la responsabilidad del autor de las lesiones, nuestro vigente Código Penal de 1995 estableció que el consentimiento del lesionado merecía una rebaja de la pena a asignar al agresor. De esta manera, el CP establece en su artículo 155 lo siguiente: “En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.” Por lo tanto, para hacernos a la idea de lo que puede suponer la aplicación de este precepto, si en un caso determinado alguien le causara a otro las lesiones previstas en el artículo 148 .1.1º CP, es decir, una lesión que requiriera tratamiento médico o quirúrgico habiendo utilizado un arma, la pena que se le impondría sería de 2 a 5 años de prisión. Si en dicho caso, la víctima hubiera consentido esas lesiones de forma válida, libre, espontánea y expresamente, esa pena bajaría a un rango entre 1 y 2 años si el juez decidiera aplicar la pena inferior en un grado y otro de entre 6 meses y 1 año si sentenciara la rebaja en 2 grados.

Veamos entonces cómo una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de tanta repercusión ha sido tratada por la jurisprudencia.  Primero de todo, llama la atención la falta de un criterio claro y convincente para determinar si una riña mutua puede encuadrarse en este tipo de casos donde se han consentido las lesiones, o mejor dicho, la falta de razones por las cuales no debemos apreciar consentimiento en las lesiones provocadas en una pelea mutuamente aceptada. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la sentencia 42/2004, de 9 de febrero, enjuició un caso como el que narro al comienzo de esta entrada, relativo a una riña mutuamente aceptada. La escasa argumentación es digna de ser reproducida aquí, para ver de cerca el problema de esta figura jurídica en cuanto a las riñas mutuas: «El segundo de los motivos de disconformidad ser refiere a la falta de aplicación del artículo 155 del Código Penal, tampoco puede ser acogido. Supuesto que contemplado no se refiere ni puede referirse en ningún caso a los supuestos de riña mutuamente aceptada, en los que no existe consentimiento previo, válida, espontánea y expresamente prestado. La denominación de riña mutuamente aceptada, es una grafica expresión acuñada por la doctrina, que en nada y para nada se refiere al consentimiento expreso, ni siquiera el expresado de forma tácita» El ponente se limita a asegurar que una riña mutuamente aceptada  no cumple con el requisito de la existencia de un consentimiento previo, válido, espontáneo y expreso, cuando no es díficil pensar que podría ser exactamente el caso de una riña mutua.

Por la falta absoluta de argumentación de la AP, me atrevo a dibujar una ruta argumentativa por la cual se justificaría el rechazo de la atenuación del consentimiento en estos casos y no es otra que el argüír que cuando dos personas acceden libremente a pelearse aceptan la pelea, no el resultado lesivo que pueda acarrear. Un ejemplo lo dejará más claro y nos llevará a una sentencia del Tribunal Supremo donde se especifica mejor cuándo ha de concurrir esta atenuante específica del delito de lesiones. Si en el acto sexual de una pareja que practica sadomasoquismo de forma mutuamente consentida uno de los dos recibe golpes con el objetivo de satisfacerse sexualmente , podemos decir que el lesionado aquí, el sujeto pasivo, ciertamente ha consentido directamente éstos de forma expresa y libre. Si ahora volvemos a pensar en el caso de la riña mutua veremos como no es posible ver el mismo tipo de consentimiento en aquel que sale malherido de la pelea.

Como he dicho, este humilde intento de interpretación legislativa introduce un caso que trató el TS. Fue un recurso de casación que estimó parcialmente en sentencia número 1049/2002 el TS. El recurso lo interpuso un hombre, Javier, condenado a 2 años por las lesiones tipificadas en el artículo 148.1, que son aquellas causadas con objetos que suponen un peligro para la integridad física de la víctima. En dicho recurso la defensa del señor Javier argumentaba que las lesiones habían sido causadas con el consentimiento de la víctima, la señora Angélica. Los dos involucrados en la comisión de este delito habían sido pareja de forma intermitente y los daños se produjeron con la práctica del “sadomasoquismo”de forma mutuamente consentida. Dicho menoscabo físico supuso un período de curación de 311 días, por lo tanto no hace falta entrar en detalle sobre las lesiones producidas para saber que las mencionadas prácticas sexuales se le fueron de las manos al autor de las lesiones.

Pero entremos de lleno en qué manifestó el TS en relación a la petición de la defensa de considerar el consentimiento de Angélica. Aquí es lógicamente muy importante que de las declaraciones de los sujetos involucrados en el delito se desprenda que efectivamente existió el consentimiento anterior a los actos que resultaron en las lesiones. A partir de ahí el órgano que juzgue el asunto debe ver cumplidos los requisitos que el TS repasó en esta misma sentencia, haciendo el siguiente resumen: Respecto a los requisitos (del consentimiento), se establecen los siguientes: «a) válido, cuya interpretación debe relacionarse con lo establecido en el propio precepto, en el sentido de que no es válido el consentimiento prestado por menor de edad o incapaz, término este último que debe corresponderse con una minusvalía aparente no siendo necesaria su declaración judicial, todo ello en relación con lo dispuesto en el art. 25 del propio Código Penal; b) libre y espontáneo, esto es, no condicionado por ningún elemento externo, ya que en este caso impediría su apreciación, en razón del bien jurídico protegido que lo es la integridad física, constitucionalmente protegida en el art. 15 de nuestra Carta Magna; c) expresamente emitido por el ofendido, no bastando con meras suposiciones sobre la prestación del tal consentimiento.»

¿Cuál fue el resultado de este recurso? Pues el TS anuló parcialmente la sentencia anteriormente dictada por la AP de Zaragoza que condenó a Javier al mínimo establecido para esta modalidad de lesiones (de 2 a 5 años de prisión), 2 años, estimando la circunstancia prevista en el artículo 155 CP del consentimiento de la víctima y procediendo así a rebajar en 1 grado la pena, que entonces quedaba en un rango de 1 a 2 años, del cual el TS escogió una duración de 1 año y 6 meses de prisión para Javier.

En definitiva, el consentimiento en las lesiones sigue siendo objeto de polémica, aunque indudablemente no es problema jurídico mediático. Su regulación no aporta luz a su interpretación y los órganos jurisdiccionales del ámbito penal no han aclarado adecuadamente su aplicación en algunos casos como los de las riñas mutuas, donde aun siendo cierto que no se consienten tan claramente las lesiones, dependiendo de las circunstancias, podría alguien entender que sí deberían dar lugar a la rebaja de al menos un grado. También es discutible el límite a partir del cual debe un Juez otorgar la rebaja en dos grados, cuando ya hemos visto que ni siquiera en el caso de unas lesiones surgidas de una práctica sexual mutuamente consentida se estima dicha disminución de la pena.


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