La regulación del suicidio

Los delitos relacionados con el suicidio han sido, son y probablemente serán siempre una fuente de discusión jurídica, pero sobre todo, y como toda ley proviene de unos legisladores irremediablemente sesgados en sus argumentos, de debate ideológico. La eutanasia es, dentro de esta regulación, el tema más discutido. Aquellos más conservadores y sobre todo los más adeptos al cristianismo serán los que se opongan a la cada vez más expandida idea de que cada uno es dueño de su propia vida y de que ésta, en condiciones de sufrimiento que desemboca en humillación y prácticamente en tortura, no es una buena vida, es decir, una vida de calidad.

Pero no es la eutanasia, que muchos desean que se destipifique, el único problema de la regulación del suicidio en nuestro Código Penal. Veamos, el suicidio se regula en nuestro CP dentro del mismo titulo que el homicidio, en el artículo 143,  con lo que podemos deducir que se prevé como un atentado a la vida.Son tres las conductas tipificadas. Primero tenemos la inducción al suicidio, penada con prisión de 4 años a 8. Seguidamente la cooperación necesaria al suicidio, que conlleva prisión de 2 a 5 años, y por último la cooperación ejecutiva al suicidio, que tendrá como consecuencia la pena de prisión de 6 a 10 años, llegando por tanto a al límite mínimo de la pena que se asigna al homicidio (10 a 15 años). Finalmente, tenemos la referencia a la eutanasia en este artículo 143, en su punto 4º, donde se le aplica una reducción de 1 o 2 grados a las penas que acarrean la cooperación necesaria y la cooperación ejecutiva, según la forma en que se haya ayudado al enfermo en situación grave que haya pedido expresa, seria e inequívocamente que se le ayudara a morir, siempre que, como dice el articulado, ” la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.

La regulación parece clara, pero no está ni mucho menos exenta de polémica. Dejaré de lado hoy el debate sobre la eutanasia, que daría para una entrada por si mismo y así pospondré un análisis de lege ferenda y me ocuparé de hacerlo sobre la delimitación de los tres tipos y de su conveniencia. 

¿Qué debemos considerar inducción al suicidio? Es nítida la explicación de Avelina Alonso de Escamilla, profesora de la Universidad San Pablo-CEU en ‘Delitos y faltas: La parte especial del Derecho penal, ed. Colex, 2ª edición 2013, pág.63′. En dicho texto, establece ciertos requisitos que ha de reunir la inducción para ser contemplada como tal: Debe ser eficaz, haciendo que el suicidio se produzca gracias a la influencia que ha ejercido el inductor; Debe ser directa, refiriéndose a un sujeto en concreto (Muñoz Conde, profesor de la Universidad Pablo de Olavide en sevilla acepta también la inducción a un grupo de personas que son fácilmente influenciables en ‘Derecho Penal. Parte Especial, 18ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010′); Debe ser dolosa, necesariamente con dolo directo (se corresponde la voluntad del sujeto con el resultado efectivamente producido); Y por último, no puede inducirse al suicidio de forma omisiva, sino únicamente de forma activa. En cuanto a la tentativa de inducción al suicidio, la doctrina se encuentra dividida, aunque considero acertado a Del Rosal Blasco, catedrático de Penal en la Universidad de Alicante, quien dice que la muerte del suicida integra el delito, y por tanto no puede hablarse de una forma imperfecta de éste.

La cooperación necesaria al suicidio se refiere a aquel que realice actos que son necesarios para que otro se quite la vida. El suicida, en este caso, ya ha decidido libremente y por sí mismo llevar a cabo dicho acto, pero el cooperador realiza un acto sin el que no se produciría el suicidio. Imaginemos que Juan quiere quitarse la vida, pero no se ve capaz de hacerlo de otra manera que con una pistola, así que pide a Antonio, que es policía, que le deje su pistola para ejecutar el suicidio, accediendo este último a la petición. El problema de este tipo es si cabe la comisión por omisión cuando concurre la posición de garante ( por ejemplo la conducta omisiva de un padre hacia su hijo) o la omisión del deber de socorro. Parte de la doctrina lo apoya, y otra, como Díez Ripollés, lo excluye por la existencia de una voluntad de morir del suicida, que elimina la posibilidad de que la conducta omisiva de otros pueda haber sido definitiva para el suicidio.

Por último, tenemos la cooperación ejecutiva en el suicidio, que podría catalogarse, en palabras de Avelina Alonso, como un homicidio consentido. Este sería el caso del ejemplo anterior que expuse, si Antonio, en vez de únicamente proporcionarle el arma a Juan, la disparase contra él, por deseo y petición del último. También aquí tenemos presente el debate entorno a la posibilidad de cooperar ejecutivamente mediante omisión, aunque se disipa ésta por la opinión mayoritaria de la doctrina, que considera que existe voluntad legal de castigar sólo los comportamientos activos.

Para finalizar, querría, en el mismo sentido que lo hace Avelina Alonso, criticar que la pena para la cooperación ejecutiva sea más alta que la correspondiente a la inducción al suicidio. Habiéndolo analizado, hemos visto como en el caso de la inducción, quien acaba pereciendo no quería inicialmente suicidarse, sino que otra persona le convence para que lo haga. Es decir, una persona, que de otra manera habría seguido viviendo, se quita la vida por la influencia que otro ejerce en ella. En el caso de la cooperación ejecutiva, si volvemos al ejemplo anterior, Juan ya había decidido suicidarse, pero al no verse capaz de hacerlo por sí mismo, le pide a Antonio que le dispare. No sabemos si Juan habría acabado quitándose la vida si nadie le hubiera ayudado, pero sí sabemos que hay más posibilidades de que alguien como él, que se decide por el suicidio y le pide a otra persona, de forma expresa e inequívoca que le ayude para cometerlo, se suicide, a que otra persona, que se deja influenciar por otra para quitarse la vida, lo haga por sí misma sin esa inducción. Por lo tanto, protege el CP en menor medida a alguien que en definitiva, cumple los deseos de alguien que quiere disponer de su propia vida, que a otro que es capaz de hacer que alguien se suicide aun sin haberlo decidido por sí mismo.


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