La deslealtad profesional. ¿Qué ocurre si un abogado perjudica a su cliente?

A los que nos entusiasma el ejercicio de la abogacía y nos llena de emoción ver la típica película del abogado idealista que salva de la prisión a su cliente en el último momento con unas conclusiones conmovedoras y elocuentes, nos suele aparecer la figura del letrado como la de un superhéroe con toga en lugar de capa. Pero no siempre actúan éstos de manera beneficiosa para sus clientes. En ocasiones no son capaces de lograr el mejor resultado para su cliente, ya sea porque el caso era casi imposible de ganar, porque no lo pudieron preparar con todo el tiempo que hubieran deseado, porque se equivocaron de estrategia o por cualquier otra causa fácilmente imaginable y atribuible a nuestra condición humana, que hace imposible que acertemos siempre. Pero en otras ocasiones, no consiguen ese óptimo resultado no porque no hayan sido capaces aún habiendo hecho todo lo posible, sino porque su conducta ( o la ausencia de ella) perjudicó directamente a su cliente.

Lo explica con claridad Esteban Mestre Delgado, profesor de derecho penal en la Universidad de Alcalá, en ‘Delitos y faltas: La parte especial del Derecho penal, ed. Colex, 2ª edición 2013, pág. 773′, donde define los delitos de deslealtad profesional como aquellos en los que ” se reprocha, al abogado o el procurador designados por la parte de un procedimiento judicial, para la defensa de sus intereses en el mismo, el incumplimiento de los deberes esenciales que deben guiar su actuación profesional en defensa de los derechos de un tercero.”.  El artículo 467 del Código Penal hace referencia a este tipo de delitos, diferenciando entre el abogado o procurador que defendiendo a una parte en un asunto determinado, defiende o representa a la parte contraria en el mismo asunto, y al abogado o procurador que por realizar un acto o dejar de realizarlo perjudica manifiestamente a su cliente.

Introducido el concepto, ¿cómo podemos saber con precisión que el abogado que nos defiende o el procurador que nos representa ha actuado manifiestamente en perjuicio de nuestros intereses? La jurisprudencia del Tribunal Supremo es de gran ayuda. La sentencia del TS número 1326/2000 de 14 de julio expuso consideraciones esenciales para tratar este tipo de casos. Figúrense ahora que un hombre comete un acto en contra de la libertad sexual de una niña menor de edad, Ruth, y que doña Rosa María, su madre, comparece como acusación particular, siéndole designado un abogado del turno de oficio,  quien no presenta el escrito de acusación en tiempo y forma oportunos y se le tiene por desistida a dicha acusación, dependiendo así de la acusación que mantuvo el Ministerio Fiscal. Después de ello, Rosa María, llevó a dicho abogado de oficio a los tribunales por haber perjudicado sus intereses, la Audiencia Provincial de Barcelona absuelve al acusado, y Rosa María presenta recurso de casación. Pues bien, este es el caso que tuvo que enjuiciar el TS en la sentencia citada, que determinó que el abogado de oficio, Jordi, no había causado un perjuicio manifiesto con su omisión, porque los intereses de Rosa María, habían sido salvaguardados por el Ministerio Fiscal, que presentó todas las pruebas y logró que se condenara al autor de los abusos sexuales que cometió contra Ruth.  Pero además de dictar una sentencia que dice mucho sobre cuándo considera el TS que se ha causado un perjuicio manifiesto contra el representado o defendido de un abogado o procurador, la Sala de lo Penal expuso ciertos requisitos que han de concurrir para que pueda apreciarse el tipo penal recogido en el artículo 467 CP:

  • Que el sujeto activo sea un abogado o procurador
  • Que se lleve a cabo una acción u omisión que provoquen un resultado
  • Que se perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados
  • Que se haya producido un comportamiento doloso (conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, en este caso, perjudicar al representado o defendido), incluyendo el dolo eventual ( actúa el sujeto de tal manera que aun previendo que puede causar ese perjuicio, afronta el riesgo de causarlo y sigue adelante en su acción u omisión), o un comportamiento culposo por imprudencia grave (imprudencia que da lugar a delito).

Por último, cabe destacar también la Sentencia del TS de 1 de febrero del año 2000 , que estableció que no es necesario que el perjuicio causado sea evaluable económicamente, bastando una “desventaja, quebranto, daño o detrimento notorio en los intereses del cliente en el ámbito de la Administración de Justicia, e incluso … la creación de un peligro concreto para los intereses de la parte de la que el letrado asiste y defiende”.

Así que debemos tener en cuenta que no sólo puede reclamarse responsabilidad civil a aquellos que en tu representación o defensa te causen un perjuicio sino que dicha acción u omisión despreocupada de tus derechos también merece, según nuestro ordenamiento, repercusión penal que irá  de la multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para ejercer la abogacía de 2 a 4 años si defiende a la parte contraria sin tu consentimiento, a la multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial parra empleo, cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años, si perjudica a los intereses de su representado o defendido de forma manifiesta.


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